Narcotráfico en México

El otorgamiento de la socorrida figura de testigos protegidos a criminales detenidos del cártel Arellano, se ha traducido en impunes liberaciones disfrazadas. Simulacros de justicia que sólo han favorecido a los delincuentes que sin aportar datos relevantes que posibiliten el aniquilamiento de los cárteles, obtienen la protección de la justicia, sueldo y casa. No se está respetando la legislación existente al respecto y las reformas que pretenden establecer controles y retirarles facultades a la PGR siguen congeladas. PGR destina millonario presupuesto a protección y manutención de testigos colaboradores.

Traficantes y homicidas fingen cooperación para evadir el castigo cuando son detenidos, y la PGR les sirve de cómplice al otorgarles beneficios a cambio de admitir mentiras que se contraponen y testimonios superficiales sin sustento.

Tan no proporcionan información valiosa de la operatividad mafiosa, que al ser dejados en libertad regresan a la vida criminal y a las células delictivas de los cárteles donde la traición se paga con la muerte. No contribuyen al desmantelamiento del crimen organizado, por eso, no tienen problemas.

La última semana de mayo de 2011, Pedro Ignacio Zazueta estuvo de fiesta en un fraccionamiento de gente adinerada en Tijuana, quienes lo vieron aseguraron que disfrutó de su viejo círculo social y laboral.

Lo destacable del festejo es que “El Pit” es un conocido miembro del cártel Arellano Félix (CAF) que fue capturado en un operativo coordinado Ejército-PEP la madrugada del viernes el 22 de agosto de 2008 cuando el lugarteniente se encontraba apostando en el Casino del Hipódromo Agua Caliente. En 2009 el gobierno de Estados Unidos inició trámites para solicitar su extradición.

La presencia del traficante y homicida confeso en la frontera casi tres años después, fue delatada ante autoridades antidrogas de San Diego, California y fuerzas de seguridad del estado en Baja California, ambas entidades habían colaborado con información y operativos para su captura.

Las llamadas a la PGR no se hicieron esperar, la federación admitió el “descuido”, la falta de supervisión y “vinieron por él”. No hubo mayor castigo o consecuencia para el delincuente. El señalado como asesino del narco, está bajo un esquema de testigo protegido, donde la PGR ofrece condiciones dignas de vivienda, vehículos, escoltas y dinero.

Relajada la supervisión, “El Pit” decidió y realizó el viaje a Tijuana sin que sus cuidadores se dieran cuenta. Cuando lo buscaron, solamente lo regresaron a una casa especial donde reside.

Todavía no transcurría un mes de la celebración de “El Pit” cuando los infiltrados hicieron llegar un reporte a los integrantes del Consejo de Seguridad de Baja California, Julio César Magaña Heredia el primo de Armando Villarreal Heredia “El Gordo”, estaba de regreso en Baja California y seguía activo en el narcotráfico.

Este sujeto fue detenido en el retén militar de Laguna Salada como parte de un operativo múltiple junto a tres hombres y una mujer, se les consignó en posesión de un fusil Barret; una ametralladora, 15 armas largas, 12 cortas, 2 mil 579 cartuchos, 329 cargadores, dos granadas de gas, equipo táctico y 114 paquetes con 502 kilos de mariguana.

La procuraduría le inició la averiguación previa PGR/BC/TIJ/3574/10 y consiguió el arraigo 422/10 por 40 días contra Julio César Magaña Heredia, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En abril de 2011 una lista de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) fue dada a conocer por Univisión, se expuso públicamente que algunas de las armas incautadas a Magaña, eran parte del armamento liberado por el gobierno de Estado Unidos dentro del operativo Rápido y Furioso. A pesar de las implicaciones internacionales, tampoco pasó nada.

De Zazueta se sabe que se acogió al programa de testigos protegidos, acusó a policías y ministeriales de recibir dinero, de servir al crimen organizado, sin más aportación que su dicho. Adicionalmente, proporcionó una supuesta descripción física e identificación en fotografía de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, a quien señaló como cabeza del grupo delictivo, sin embargo esta acusación no ha alcanzado para emitir una orden de aprehensión.

En el caso de Magaña, se consultó a las autoridades estatales, y el secretario de seguridad pública del estado, Daniel de la Rosa Anaya, no admitió que hubieran recibido la versión extraoficial de la presunta liberación, pero reconoció que recientemente habían solicitado a la federación un informe de la situación legal de este maleante, dado que lo consideran un criminal peligroso.

“Se nos informó que no se encuentra en ningún centro federal, ni en Islas Marías, y si no está allá y sigue preso, el procedimiento indica que debía estar en Baja California, pero no es así, lo que significa que está libre”. Es todo lo que sabe la autoridad.

Sin embargo, desaparecer los procesos judiciales y a los detenidos, es una práctica común tratándose de testigos colaboradores.

En Baja California, los recientes ejemplos de “El Pit” y “El Primo” se unieron al más conocido chasco de testigo protegido en el CAF, Marcos Assemat Hernández, detenido tras los operativos policiacos durante el asesinato del que fuera jefe de sicarios del cártel, Ramón Arellano Félix, en Mazatlán en febrero de 2002, y recapturado en marzo de 2008 con Gustavo Rivera Martínez “El PI”, operador financiero de la misma organización delictiva.

En estas condiciones y con estas experiencias, los delincuentes ya aprendieron el camino. El 8 de agosto de 2009 al ser capturado, Manuel Ivanovich Zambrano “El Jimmy”, ofreció 3.5 millones de dólares para recuperar su libertad, no se los aceptaron, y amenazó. Tampoco prosperó su presión y terminó por ofrecerse como testigo protegido.

La lista de delincuentes acogidos a la figura de testigos protegidos es larga, Rigoberto Yáñez Guerrero, Bernardo Araujo Hernández, Roel Ariel Yáñez Guerrero, Alfredo Nahim Salman Aguilar.

Gracias a los expedientes abiertos contra policías municipales detenidos en noviembre de 2008, durante todo 2009 y en julio de 2010, obtuvieron los beneficios de testigos protegidos:

Luis Ernesto Ramírez Vázquez “Guadalupe”; Pedro Ignacio Zazueta “Angélica”; Marcos Assemat Hernández “Fernando”; Carlos Alejandro Melo Albarrán “Kika”; y Édgar Zúñiga Nuño “Roberto”.

Se trata de criminales que cruzaron toneladas de cocaína y mariguana a California, corrompieron autoridades en ambos lados de la frontera, en Tijuana mataron a varios, ordenaron los asesinatos de cientos, envenenaron a miles, secuestraron y extorsionaron a comerciantes honestos. Pero al ser capturados optaron por denunciar a uniformados que sobornaron, y la PGR los convirtió en testigos protegidos, no les incautaron las propiedades mal habidas y les asignaron sueldos que salen de los impuestos de sus víctimas.

No aportaron pruebas adicionales a su testimonio criminal, el cual no ha servido para incriminar y menos para sentenciar a los agentes que en su mayoría ya fueron dejados en libertad, precisamente por falta de elementos.

“…se advierte que los medios probatorios existentes, en este momento, son insuficientes para acreditar momentos concretos que permitan la demostración de los elementos del cuerpo del delito en estudio…”, han respondido los jueces de distrito ante las deficientes averiguaciones de la PGR basadas en la información de los criminales convertidos en testigos.

Casos diferentes al de Moisés Robles Vizcaíno “Félix”, Luis Héctor Puente Cota “Jorge Arturo”, Sergio Rodríguez Tapia “Juan López”, Eduardo Gómez Angarita “Raúl” y Elihud Ochoa Brizuela “Marco Antonio”, quienes sí brindaron datos comprobables de circunstancia tiempo y modo, que imputaba a sus jefes criminales, rutas, embarcaciones, contactos en Colombia y en el gobierno mexicano.

Sin embargo estos últimos son los menos y de nuevo el problema es que esta protección se otorga a criterio del funcionario en turno y no plantea oficialmente requerimientos mínimos a la calidad de la información.



Los testigos para el Operativo Tijuana


Estos privilegios otorgados por la PGR alcanzan mayores niveles de injusticia en el caso Baja California; desde el año 2000, la Procuraduría General de la República, abandonó al territorio norteño, y aunque es una de sus obligaciones, ha tenido una mínima participación en las investigaciones y capturas de los asesinos traficantes, a los que favoreció sin que hasta hoy hayan justificado los beneficios recibidos.

Con esta determinación, las víctimas de estos hombres fueron condenadas a no recibir justicia, como tampoco la tendrán los policías estatales y municipales asesinados porque sus corporaciones colaboraron en sus aprehensiones.

A los reportes de la presencia de Zazueta y Magaña Heredia se sumó la liberación de Héctor Guajardo Hernández en la ciudad de México por parte de agentes federales, en ese momento, la secretaría de seguridad pública de Baja California decidió hacer un rastreo oficial, para evitar sorpresas.

La idea fue solicitar paulatinamente a la federación, la ubicación actual de los criminales de primer y segundo nivel que han sido remitidos desde el 1 de noviembre de 2007 cuando la fuga de Raydel López Uriarte en Mariscos Godoy, hasta la captura de Guajardo Hernández el 9 de mayo de 2011.

En la primera petición, requirieron información de: Pedro Ignacio Zazueta, Isaac Manuel Castro Godoy, Filiberto Parra Ramos, Manuel Ivanovich Zambrano Flores, Luis Gilbert Sánchez Guerrero, Eduardo y/o Teodoro García Simental, Raydel López Uriarte, José Manuel García Simental, Manuel Garibay Espinoza, Julio Magaña, Juan Miguel Valle Beltrán y Medardo Reyes Soberanis Guajardo.

— ¿Además de no encontrar a Magaña Heredia, qué más han detectado? Se le preguntó a de la Rosa Anaya.

“Algunos otros a los que les fue otorgada la figura de testigo protegido o alguna otra condición, están ahí, pero no podemos asegurar porque la PGR no nos da esa información. Nada más nos dicen: están en tal penal detenidos, o no están, pero no nos pueden informar por la seguridad de ese tipo de testigos”.

—Es público que Luis Ernesto Ramírez Vázquez “Guadalupe”, Pedro Ignacio Zazueta “Angélica”, Marcos Assemat Hernández “Fernando”, Carlos Alejandro Melo Albarrán “Kika” y Édgar Zúñiga Nuño “Roberto”, son testigos protegidos. ¿Ellos están en un Cefereso?

“Ellos no están en un penal, los que están bajo la figura de testigo protegido pueden estar en cualquier domicilio particular, es lo que se está hablando de la regulación de esta figura jurídica, porque ellos se pueden mover en diversas entidades federativas y venir al lugar donde cometieron los delitos. Y eso viene a generar una problemática de inseguridad en estas entidades. Y hablo por Baja California”.

— ¿Tienen reportes de testigos protegidos que han regresado al estado?

“Sí tenemos detectados algunos casos. En ese sentido lo que nosotros hemos hecho ha sido reportarlo a PGR y ellos nos han confirmado que están en esa calidad. Como autoridad preventiva hasta ahí podemos entrar, por la seguridad de esas personas ya no podemos indagar más, la ley faculta exclusivamente a la PGR”.

—En las declaraciones recientes de testigos protegidos, hablan de delitos cometidos por policías y funcionarios, pero no hay información en contra de sus jefes dentro del crimen organizado. ¿Ahí cuál es la pérdida?

“Es una problemática, se requiere adecuación de esa figura porque no se está fortaleciendo la información para golpear a esas agrupaciones operativas y financieras. Se informan de los policías, pero eso es sólo una parte que nos sirve mucho para la depuración. Pero esos testigos han participado en muchos eventos delictivos y traen la información que nos puede permitir aclarar muchas averiguaciones previas, pero no la aportan”.

—A Baja California también le tocan los testigos protegidos en Estados Unidos.

“Pero allá sí hay regulaciones muy estrictas e información que se da, tanto de estructuras financieras como logística operativa criminal y también de funcionarios de seguridad pública y procuración de justicia”.

— ¿Se ha dado el caso de que vuelvan de Estados Unidos los testigos protegidos?

“No, allá hay muchas reglas y confidencialidad, es una de las prohibiciones legales.

Recordemos el caso del rey Zambada, no hay una regulación estricta, se les da la figura y pueden andar ellos como cualquier persona, con su misma identidad”.

El 31de noviembre de 2009, fue asesinado en una cafetería de la ciudad de México, el ex agente federal Édgar Enrique Bayardo del Villar, testigo protegido “Tigre” de la PGR, quien oficialmente no lo consignó, a pesar de que reconoció haber delinquido 20 años para la organización de Ismael “El Mayo” Zambada.

— ¿Y qué sucede en casos como el de Assemat, detenido dos veces delinquiendo y sigue siendo testigo protegido?

“No podemos cuestionar como autoridad de seguridad pública, lo único que podemos hacer es volverlo a poner a disposición de la autoridad competente las veces que sea necesario”.



Legislación y defensores


En fechas recientes, por transparencia, la PGR se ha negado a informar respecto a la cantidad de testigos protegidos y el recurso gastado en su manutención y seguridad, argumentando que no lleva sistema de control estadístico y se trata de información confidencial.

Sin embargo, el Instituto Federal de Acceso a la Información ha proporcionado públicamente alguna información al respecto emitida por la procuraduría: en 2008 gastó más de 6 millones y medio de pesos en renta de casas para testigos protegidos y en 2007 el presupuesto para el mismo objetivo fue de 80 millones de pesos.

De 1993 a 2003 tuvo a 83 personas bajo esta figura; en 2005 a 48; durante 2006 a 67; y en 2007 a 47. Y los gastos declarados por la PGR entre 1997 y 2003 por pago de testigos protegidos fueron por más de 36 millones de pesos, entre 2004 y 2007 otros 36 millones en manutención y 12. 4 millones en arrendamientos de inmuebles.

Se consultó la página electrónica, en búsqueda de la ley que señale los requerimientos mínimos para que un criminal se convierta en testigo protegido, pero no están, a pesar de que la Ley de Transparencia contempla este tipo de información como obligatoria. Se solicitó a la institución, pero la negaron agregando como respuesta oficial desde México, que “no todo tiene que publicarse” sin embargo, entrevistado al respecto, el senador Fernando Castro refutó: “Cómo no, si está en Ley tiene que plasmarse en la página”.

En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el ordenamiento especifica que para otorgar beneficios a testigos protegidos se debe considerar la gravedad de los delitos que cometió, lo que significa que no debería darles la posibilidad a cualquiera como lo hacen ahora.

También indica en cuanto a la aceptación de los datos que proporcionen, que deben estar condicionados a que sean ciertos y suficientes para sentenciar a sus cómplices y esta valoración la debe hacer un juez. Pero eso no sucede, en México esta determinación la toma la PGR otorgándose amplias facultades no reguladas ante la ausencia de protocolos.

A cambio, la ley sólo especifica que podrán recibir reducciones de la pena por sus delitos, que dependiendo de la utilidad de la información que brinden, resultará en disminuciones de las dos terceras partes, tres quintas partes hasta la mitad de la sanción privativa de la libertad. Además que los datos que aporte no podrán ser usados en su contra.

No habla de otros beneficios como el no decomiso de sus bienes, liberaciones inmediatas u otorgamientos de casa y sueldos, porque esto lo otorga la PGR como parte del programa de protección de identidad y para ello, los funcionarios usan su libre albedrío, porque no han creado los reglamentos al respecto.

Por eso a partir de 2009, particularmente el segundo trimestre de 2010, después de más de una década de utilizar la figura, los diputados federales han insistido en establecer un Programa Nacional de Protección a Testigos y Colaboradores contra la Delincuencia Organizada, para combatir la inutilidad y el abuso de este beneficio.

Actualmente, el proyecto es impulsado por los legisladores Humberto Benítez Treviño, Alfonso Navarrete Prida, EduardoYáñez Montaño, Dolores de los Ángeles Nazares y María Dolores del Río Sánchez, pero sigue en análisis.

La proposición de reforma, busca aclarar principios, criterios, procedimientos y normas de operación para que la figura, realmente colabore con el combate al crimen organizado y acotar los beneficios inútiles que se están otorgando a criminales y proteger a los que realmente colaboran.

Las propuestas hablan de:

-Crear un procedimiento previo de análisis y valoración de la utilidad, veracidad y posibilidad de corroboración de la información del testigo.

-Plantear claramente los requisitos para ingresar al programa, la duración de la protección, y las causas de revocación, que actualmente, evidentemente no existen.

-Establecer condicionantes de temporalidad, confianza del testimonio y el real conocimiento de circunstancias centrales y periféricas de las acciones narradas y los detalles referidos. Además del testimonio, el criminal deberá brindar elementos de prueba, para facilitar la incriminación y sentencia de miembros de la delincuencia organizada.

-El tiempo de la protección estará sujeto al nivel de riesgo y amenaza que tenga el testigo y los criterios para definirlo deben establecerse claramente.

-Capacitar al personal de la PGR para el manejo de este tipo de pruebas.

-Regulación clara de cómo y en qué condiciones las autoridades deben captar y valorar los testimonios.

-Generar candados para que estas declaraciones no sean contaminadas y manipuladas por la autoridad.

- Crear un sistema que permita la verdadera protección de sus identidades.

- Sancionar a testigos mentirosos, imponer de 5 a 10 años de prisión y de 300 a 500 días de multa al colaborador de una investigación en delincuencia organizada que faltare a la verdad; si era servidor público se le incrementará la pena.

-Crear y definir las figuras de testigo: ofendido, incidental y colaborador.

-Certificar a los peritos y al cuerpo técnico de control de la Procuraduría General de la República por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

-Plasmar sanciones para quienes por deslealtad o negligencia, delaten la identidad o cualquier dato que haga posible la identificación o ubicación de un testigo protegido.

Abogados consultados, coincidieron en señalar que el detalle del programa actual de Testigos Protegidos se trata de disposiciones y acuerdos puramente administrativos que actualmente sirven para infamias; “Y deben insertarse en la Constitución para que no sean ocurrencias y disposiciones del funcionario en turno, regularse para que no violente los derechos de las víctimas”, declaró Benigno Licea.

“De hecho, hay testigo protegidos a los que se les ha puesto departamento, reciben 20 mil pesos mensuales y han admitido que cuando los sacan a declarar, sólo firman hojas redactadas por los ministerios públicos, donde hay nombres de policías y gente a la que ni siquiera conocen, pero lo hacen porque es su chamba según ellos”, agregó el licenciado en derecho.

El diputado Óscar Arce Paniagua y Benítez Treviño aseguraron que el cabildeo de la reforma está muy avanzado y confían en que se pueda concretar este año, sin embargo tienen la misma versión desde el mes de junio de 2011, cuando esperaban sacarla aprobada.