Narcotráfico en México

El ajedrecista Roberto Galván, de 33 años, fue detenido por la policía del nororiental estado mexicano de Nuevo León cuando tomaba el sol en una banca de la plaza central de General Terán, una localidad a 100 kilómetros de esta ciudad. Era el 25 de enero y nadie lo ha vuelto a ver.

La policía no registró la detención, que muchos atestiguaron, y solo la admitió por la presión del padre. Pero aseguró que después del interrogatorio, sin causa establecida, los agentes lo dejaron en una central de autobuses. "Lo único claro es que a partir de que la policía de caminos de Nuevo León lo detuvo, mi hijo está desaparecido", dijo a IPS el padre, también llamado Roberto Galván.

Algo parecido viven los familiares de Jeiu Abraham Sepúlveda, de 24 años, detenido por policías municipales el 12 de noviembre de 2010 porque aparcó mal su camioneta en una calle de Monterrey, la industrial capital del estado.

Cuando su esposa lo llamó a su teléfono celular le dijo que estaba detenido en una agencia municipal y que no lo dejaban hacer llamadas. No contestó más.

Sus familiares recorrieron comisarías durante tres días, hasta que un comandante municipal les informó que agentes federales lo entregaron a la marina. Un video lo confirmó: el día que lo detuvieron, Sepúlveda salió de una agencia policial esposado y escoltado por efectivos federales.

Solo entonces, policías y marinos aceptaron la detención, pero aseguraron que fue liberado el mismo día y se fue en un taxi. Sepúlveda trabajaba en una constructora y tenía una hija de 5 meses.

"¿Por qué lo llevaron a la agencia en lugar de levantar una infracción? ¿Por qué no lo entregaron al juez? ¿Por qué lo llevaron a instalaciones de la marina? ¿Por qué el ministerial (federal) que se lo llevó dijo a nuestro abogado días después que estaba bien? ¿Por qué no hay registros en ningún lado?", se preguntó Verónica Sepúlveda.

"Siento mucho coraje, impotencia, si se supone que ellos son los que nos cuidan, ¿de quién me voy a cuidar?", dijo la hermana mayor del desaparecido, cuya búsqueda concentra ahora su vida. "No lo secuestraron a él, secuestraron a una familia. Somos ocho hermanos y solo nos reunimos para hablar de lo mismo", afirmó a IPS desconsolada.

Los desaparecidos es un tema que puso sobre la mesa el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad, que encabeza el escritor Javier Sicilia y se contrapone a la militarización de la lucha contra las mafias del tráfico de drogas declarada por el conservador presidente Felipe Calderón, desde su llegada al poder en diciembre de 2006.

No hay cifras oficiales de este rostro de la tragedia mexicana. La única institución que da alguna pista es la estatal y autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en abril informó que había recibido 5.397 reportes de personas desaparecidas durante este gobierno y que hay casi 9.000 cuerpos sin identificar.

Organizaciones no gubernamentales (ONG) calculan que el número puede llegar a 18.000.

Muchas veces las desapariciones ocurrieron a la vista de todos. Hombres encapuchados y armados se llevan a las víctimas de sus hogares o de la calle. También hay casos en que los desaparecidos fueron detenidos por las policías, el ejército o la marina.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias indicó el 31 de marzo en un informe preliminar que "más de 3.000 personas habrían desaparecido desde 2006" en México.

El organismo demandó al gobierno la creación de una base de datos y la elaboración de un protocolo para la búsqueda de personas.

Un reporte de ONG para el Grupo de Trabajo señala que, a diferencia de otras épocas, "se trata de personas que no tienen ninguna militancia social o política, que son señaladas o estigmatizadas como miembros de organizaciones criminales por parte del Estado o que se encontraban en medio de operativos militares o policiales y fueron desaparecidas".

Sus familiares también aparcaron sus vidas para recorrer oficinas, revisar archivos y fotografías, peinar calles y realizar protestas. En el camino van encontrando a muchos más en su misma situación.

Julia Alonso ha recorrido varias veces los 1.300 kilómetros que separan el puerto sureño de Acapulco de Monterrey en busca de su hijo menor, Julio Alberto López, desaparecido en enero de 2008 con otros tres jóvenes, al salir de un centro recreativo.

López vivía en Acapulco y vino a Monterrey a una fiesta. Sus padres buscaron por toda el área. Denunciaron a las autoridades federales. Descubrieron que los jóvenes fueron secuestrados por hombres vestidos como policías. Pusieron un anuncio en los diarios dirigido a la Presidencia. Pero nada volvieron a saber de ellos.

El problema para quienes buscan a sus familiares desaparecidos es que la mayoría de los cadáveres sin identificar han perdido su identidad, en un país donde organizaciones y medios calculan que la llamada "guerra contra el narco" ha ocasionado 40.000 muertos.

El gobierno afirma que solo uno por ciento de los muertos civiles son "víctimas inocentes", algo negado por investigaciones nacionales e internacionales y los testimonios recogidos por el Movimiento por la Paz, que también evidencian que detrás de las desapariciones y muertes no está solo el bando de los carteles.

En México no hay protocolos para recoger los datos de una persona desaparecida o para registrar la información los servicios forenses. Cada estado tiene su propio esquema de identificación de cadáveres. No se toman placas dactilares, ni radiografías dentales, ni muestras de ADN. Los muertos se van a las fosas sin historia.

Según los datos oficiales más recientes, desde 2006 se hallaron más de 150 fosas clandestinas diseminadas en 22 de los 32 estados, con 712 cadáveres, asesinados presumiblemente por los carteles.

Organismos internacionales recomiendan hacer un correcto levantamiento de la evidencia, lo que implica juntar los restos en forma "respetuosa y digna". Pero, por ejemplo, en el noroccidental estado de Durango, donde se hallaron más de 200 cadáveres en los últimos tres meses, las excavaciones se realizaron con una pala mecánica.

El 7 de julio, Javier Sicilia y Emilio Álvarez, exombudsman del Distrito Federal, asiento de Ciudad de México, presentaron al procurador de justicia de Nuevo León 13 expedientes documentados de desaparecidos. Tras horas de reunión, los activistas y familiares salieron con rostros serios y la promesa de una nueva reunión el 10 de agosto.

"Las cosas no se van a resolver ni fácil, ni rápido, pero lo que toca es ir empujando. No dejemos que nos hagan más daño, ya nos hicieron suficiente", dijo Álvarez a los familiares.

Estos se aferran a la esperanza. "No me voy a parar ni a cansar hasta no tener una respuesta", dijo Julia Alonso a IPS. "Tampoco me voy a esconder. Si esto (el movimiento de víctimas) va a hacer que dejen de morir más jóvenes en este país, me doy por bien servida", afirmó.