Narcotráfico en México

Al valorar los elementos jurídicos aportados por el agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), dentro de la averiguación previa PGR/UEDO/071/2003, el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dentro de la causa penal 29/2003, dictó sentencia condenatoria contra Aldo Ismael Higuera Ávila (a) “El Mayelito”.

El Fiscal Federal acreditó la responsabilidad penal de Higuera Ávila en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en las modalidades tráfico de narcóticos e introducción de estupefacientes al territorio nacional, por lo que el Juez de la causa le impuso una pena privativa de libertad de 51 años tres meses y una multa a pagar de 730 mil 522 pesos –sustituible ésta para el caso de insolvencia económica por 19 mil 265 jornadas de trabajo no remunerado a favor de la comunidad–.

Aldo Ismael Higuera Ávila (a) Luis Gerardo Saldaña Gómez y/o "El Mayelito", fue detenido el 25 de agosto de 2000, por elementos de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California, en el estacionamiento de funcionarios del Palacio Municipal situado en boulevard Adolfo Ramírez Méndez, entre Narciso Mendoza y avenida Reforma, en el Fraccionamiento Bahía en esa entidad, a bordo de una camioneta tipo Pick Up marca Toyota.

Cabe señalar que en contra de Aldo Ismael Higuera Ávila (a) "El Mayelito" existía una orden de localización y presentación girada por el agente del Ministerio Público de la Federación, por su participación en hechos relacionados con actividades de la organización de los hermanos “Arellano Félix”. Se ha establecido que junto con su padre Ismael Higuera Guerrero (a) “El Mayel”, dirigían una célula criminal que operaba en la ciudad de Tijuana, Baja California, donde brindaban seguridad y comercializaban los cargamentos de droga que llegaban a la ciudad.

Con esta sentencia, la Procuraduría General de la República refrenda su obligación constitucional de aportar todos los elementos jurídicos necesarios para que jueces y magistrados del Poder Judicial Federal impongan las sanciones penales que contempla el Estado de Derecho para castigar cualquier manifestación de la delincuencia organizada.