El ex procurador de Justicia de Michoacán, Miguel García Hurtado, habría recibido 350 mil pesos al mes por dar protección a integrantes del crimen organizado en la Entidad, de acuerdo con las investigaciones de la PGR que llevaron al arraigo de este funcionario junto con otros 29 servidores públicos locales y estatales.
Autoridades de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) confirmaron que como parte de las evidencias iniciales que hay contra el ex procurador —uno de los funcionarios de más alto nivel de los inculpados—, está en una nómina o lista que fue asegurada a integrantes del cártel de La Familia, en la que aparecen los nombres de los detenidos el pasado 26 de mayo.
Las fuentes consultadas indicaron que también se recabó la declaración de tres testigos protegidos que comparecieron contra García Hurtado —uno con la clave Francisco— que aseguran que el servidor público supuestamente aprovechó su posición dentro del Gobierno estatal y en concreto tener a su cargo la integración de averiguaciones previas, para brindar protección a los integrantes del grupo criminal.
Según los testigos colaboradores, a pesar de que García Hurtado sólo tenía 13 meses en el cargo —fue ratificado en febrero de 2008—, desde el año pasado presuntamente formaba parte de esta red de protección “institucional”.
Sin embargo, Alejandro Tavara, abogado defensor del ex procurador —que se entregó en la SIEDO el 27 de mayo—, sostuvo en entrevista que las evidencias que hay contra su cliente carecen de sustento, y por ello la PGR optó por arraigarlo, “pues hasta el momento no tienen pruebas concretas en su contra”.
El litigante dijo que efectivamente en el expediente está la supuesta nómina del narcotráfico, pero que “es una simple hoja que cualquiera pudo realizar”, con nombres y montos de dinero recibidos por la supuesta protección; mientras que en el caso de los testigos protegidos, señaló que éstos incurren en una serie de inconsistencias en cuanto a lugares y fechas.
Los testigos y la relación con nombres y cifras, también forman parte de las pruebas contra los otros 29 indiciados —entre los que están 10 alcaldes, un juez, jefes policiacos y funcionarios estatales—, que según esa misma lista podrían haber recibido entre 50 mil y 200 mil pesos por proteger a La Familia, a Los Valencia y al cártel del Golfo y su brazo armado.
Éstas fueron algunas de las pruebas que aportó la SIEDO a un juez federal, para obtener los 40 días de arraigo contra los 30 funcionarios bajo sospecha, quienes después de levantar un ayuno que iniciaron el viernes, ayer alrededor de las 10:00 horas, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y en un convoy de cinco camionetas, fueron trasladados al Centro Nacional de Investigación (centro de arraigo) en el que deberán cumplir la medida cautelar.
En tanto, la SIEDO continúa con la averiguación previa abierta en su contra por delitos contra la salud y delincuencia organizada.
El funcionario arraigado acusa tortura psicológica
El ex procurador de Michoacán, Miguel García Hurtado, se quejó de haber sido sometido a tortura psicológica para declarar en contra de los funcionarios, ex funcionarios y alcaldes detenidos el martes pasado en Michoacán.
Durante la celebración del consejo ampliado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se leyó una carta en que el ex abogado michoacano se dirigió a sus familiares para denunciar lo descrito, además de suplicar de manera urgente que se defiendan sin tregua la soberanía de los michoacanos y su dignidad.
Cabe recordar que durante las detenciones que se llevaron a cabo de los que en su momento estaban en calidad de presentados y ahora de arraigados, García Hurtado acudió de manera voluntaria a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y ahora se encuentra en calidad de arraigado, pero la denuncia concreta es presión psicológica.
En la carta, agregó García Hurtado, solicita la solidaridad del gobernador Leonel Godoy Rangel, tras asegurar estar consciente y convencido de que siempre ha actuado con probidad y rectitud en los diferentes cargos que ha desempeñado.
Sin embargo y pese a su entrega voluntaria, denunció a través de la carta, fue detenido arbitrariamente y sometido a tortura psicológica "y es que las acusaciones en mi contra carecen de veracidad, lo que me deja en total estado de indefensión".
Finalmente, en el documento el ex procurador aseguró que se trata de una embestida del Gobierno federal lo que ocurre con Michoacán.
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