Los alcaldes son quienes enfrentan el costo de la narcoviolencia callejera. Sin embargo, no participan en la batalla del gobierno federal contra el crimen organizado
Vergara, alcalde de Ixtapan de la Sal, bella ciudad del centro de México, viajaba sin guardaespaldas, incluso después de haber recibido llamadas a su celular en las que le exigían 70 mil dólares y que colaborara con narcotraficantes.
“No les dio lo que querían –expresó Raymundo Fuentes, regidor del ayuntamiento–. Era inevitable que pasara lo que pasó.”
El 4 de octubre de 2008, Vergara fue víctima de una emboscada en una cercana carretera rural cuando regresaba del vecino estado de Guerrero. Seis hombres armados que viajaban en varios automóviles rodearon su Chevrolet Trailblazer blanca y abrieron fuego con fusiles AK-47 y escopetas. Cuando la camioneta se detuvo, los atacantes metieron sus armas dentro del vehículo y volvieron a disparar.
Vergara murió. Fuentes y un tercer funcionario municipal resultaron heridos, pero sobrevivieron. Sólo Dios sabe por qué, dice Fuentes, cuya muñeca derecha luce llena de pequeños montículos por las esquirlas de escopeta que permanecen enterradas en su carne.
Vergara, de 34 años, miembro del Partido Revolucionario Institucional, es uno de los por lo menos 11 alcaldes y ex alcaldes mexicanos que han sido asesinados o han desaparecido durante los 15 meses recientes. Varios más han recibido demandas de extorsión. Otros, como José Reyes Ferriz, el acosado alcalde de Ciudad Juárez, han recibido amenazas públicas de muerte.
Los 2 mil 400 alcaldes de México se hallan en un punto de riesgo en la línea de combate de la guerra contra los traficantes de drogas que ha emprendido el gobierno federal. Son los objetivos principales de los intentos de soborno porque están al mando de la policía local. Y los alcaldes bien intencionados están bajo gran presión: la mayoría de los gobiernos municipales tienen bases tributarias demasiado exiguas para equipar y pagar a la policía lo suficiente para acabar con la corrupción de años.
Los alcaldes se quejan de que son ellos quienes pagan el costo de la narcoviolencia en sus calles. Sin embargo, carecen de participación significativa en la batalla del gobierno federal contra el crimen organizado: a la policía municipal, por ley, le competen transgresiones menores e infracciones de tránsito.
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