En la administración del presidente Felipe Calderón el gasto en seguridad pública ha crecido siete veces respecto al del sexenio foxista, pero no ha provocado una reducción de la incidencia delictiva.
Entre 2006 y 2009, los delitos del fuero federal crecieron 5.2 por ciento; los secuestros 83.3 por ciento; los homicidios dolosos 33.9 por ciento y el robo con violencia 31.6 por ciento.
Es decir, los delitos considerados de alto impacto no disminuyeron: en el caso de los plagios pasaron de 0.6 a 1.1 por cada 100 mil habitantes; los homicidios dolosos de 11.2 a 15 y los robos con violencia de 140.8 a 185.3. Esta tendencia de incremento se observa también en 2010.
Además, en las 14 zonas en las que se llevaron a cabo operativos conjuntos permantentes de la Policía Federal, el nivel de aumento de los homicidios dolosos fue mayor, al ubicarse en 44.6 por ciento.
De acuerdo con el estudio El Gasto en Seguridad: Observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en la gestión y uso de recursos, presentado ayer por la organización México Evalúa, “no existen resultados evidentes del impacto real que han tenido estos recursos en materia de seguridad y justicia penal”.
En cuanto al incremento sostenido del gasto público en esta materia, el análisis señala que en 2005 éste fue menor a los 20 mil millones de pesos, pero que en 2010 ya superaba los 120 mil millones.
Si se considera la totalidad del gasto, los presupuestos estatales y federal y los distintos fondos en la materia, el monto de inversión llegó ese año a los 197 mil millones de pesos, lo que representó el 6.2 por ciento del gasto programable.
Así, en 2010 el gasto en seguridad superó por cerca de 20 mil millones de pesos a los presupuestos sumados de Salud (80 mil 476 millones de pesos) y Desarrollo Social (89 mil 593 millones de pesos), de los ramos 12 y 20, que alcanzaron los 170 mil 69 millones de pesos. Y sólo se ubicó por debajo del destinado a educación.
Con lo anterior, México Evalúa, señaló Edna Jaime, directora general de la organización, llegó a la conclusión de que “el Estado no tiene las capacidades mínimas para hacer frente a la inseguridad”.
Jaime explicó que en los homicidios dolosos, el robo con violencia, el secuestro y la extorsión se observa un repunte en Nuevo León y Guerrero y que en el primer cuatrimestre del año se registraron 20 mil robos con violencia mensuales a nivel nacional. El estudio no sólo advierte el hecho de que el mayor gasto no ha disminuido la incidencia delictiva, también revela que las distintas dependencias que conforman el sistema de seguridad presentan información incompleta e inoportuna sobre sus resultados e incluso que no han avanzado en la elaboración de registro que mida su propia efectividad.
Por ejemplo, de acuerdo con los más recientes informes disponibles, al 2010 no se ha logrado concluir el registro nacional de personal de seguridad pública, que apenas lleva un 42 por ciento de avance; el informe policial homologado está al 58 por ciento; el registro nacional de armamento ha avanzado en 68 por ciento, y el registro de información penitenciaria está en 41 por ciento.
Las 10 advertencias. En su estudio, la organización hace 10 observaciones que, advierte, requieren “atención inmediata”: entre ellas, que las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública no son suficientes para revertir la incidencia de los delitos, que existe poca eficacia en el desempeño de la Policía Federal, ya que en las 14 zonas en las que se realizaron operativos conjuntos permanentes, los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado se incrementaron en 44.6 por ciento.
En cuanto a la Plataforma México, encargada de desarrollar el Sistema Único de Información Criminal, alertó de su mala operación que registra en sus adquisiciones, hecho que ha motivado 16 recomendaciones y seis procesos de sanción administrativa.
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