La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, y el fiscal especial para Delitos Electorales, José Luis Vargas Valdez, pidieron a senadores acelerar cambios al Código Penal en materia electoral, ante el riesgo de que en los comicios estatales de este año, y la elección presidencial de 2012, se involucre el crimen organizado.
La funcionaria manifestó que hay riesgo de que la delincuencia lleve a cabo “prácticas sofisticadas” de compra y coacción del voto.
Por ello, pidieron a los legisladores impulsar la reforma penal en materia electoral que quedó de primera lectura el pasado 29 de abril en la Cámara de Diputados.
Los senadores del PAN, Federico Döring y Blanca Judith Díaz; el perredista Rubén Velázquez; el legislador del PVEM, Jorge Legorreta, y el priista Ricardo Fidel Pacheco acudieron a las oficinas de la procuradora ubicadas en Paseo de la Reforma para analizar la ruta crítica de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para cuidar los comicios de julio.
En el encuentro privado, los senadores recibieron un diagnóstico de la Fepade sobre las elecciones de 2011 y 2012, que expone los “focos rojos” que podría utilizar el crimen organizado y lanzar precandidatos o candidatos vinculados a esta industria ilícita.
Además de patrocinar actos de intimidación que atenten contra la libertad del sufragio —como impedir instalación o cierre de urnas, amenazas a funcionarios de casilla o impedir el traslado de los paquetes y documentación pública electoral— y “lavado” de dinero a través de precampañas y campañas.
El documento alerta que desde hace 16 años no se han llevado a cabo ajustes a las hipótesis delictivas y tipos penales en la materia.
Insiste en la necesidad de elevar las sanciones a quienes alteren el Registro Federal de Electores, proporcionen documentos e información falsa al RFE, vendan o lucren con el padrón electoral o falsifiquen credenciales de elector.
“A partir de la última reforma penal electoral en 1996 han surgido nuevas amenazas no contempladas por la legislación vigente que afectan la autenticidad del voto, como la creciente intromisión de la delincuencia organizada en los procesos electorales y prácticas cada vez más sofisticadas de compra y coacción del voto”, explica la Fepade en su informe, del cual El Universal tiene una copia.
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rubén Velázquez, quien participó en el encuentro realizado el miércoles pasado, reveló que tanto la procuradora, como el titular de la Fepade, admitieron que la fiscalía no ha logrado inhibir los delitos electorales, porque “no tiene dientes”.
De acuerdo con el documento, de las entidades con elecciones el próximo 3 de julio, el Estado de México encabeza la lista de averiguaciones previas por “alteración” del RFE —al sumar 30 tan sólo en abril— y de las indagatorias relacionadas con posibles infracciones cometidas por servidores públicos.
El documento advierte que la elección de 2006, recordada por el plantón de Reforma-Centro Histórico en la capital, demostró que “resulta inaplazable dotar a la autoridad de herramientas para hacer frente a las nuevas amenazas” de los comicios de 2011 y 2012.
Morales Ibáñez explicó a los legisladores que, por ejemplo, la Fepade sólo puede perseguir delitos del orden federal, como el condicionamiento o uso electoral de programas o la coacción del voto a subordinados, siempre y cuando las acciones sean realizadas por funcionarios federales, pero si éstas son responsabilidad de servidores públicos de un gobierno local, la fiscalía no puede actuar.
El presidente del Grupo Plural de Seguimiento a las Elecciones en el Senado, Federico Döring (PAN), confirmó la reunión con la procuradora y el fiscal, y explicó que hasta el momento únicamente Nayarit firmó un convenio de colaboración con la Fepade, pero faltan por hacerlo Hidalgo, Coahuila, Estado de México y Michoacán, entidad que tendrá comicios el 13 de noviembre.
Döring acusó a los diputados vinculados al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, de frenar el último día del periodo ordinario de sesiones la reforma penal en materia electoral para poder operar y cometer “fechorías electorales” el 3 de julio.
Desde su creación, en 1994, la fiscalía ha perseguido 11 mil delitos. En abril la Fepade consignó 88 ejercicios de acción penal en el país. 85.9% correspondió a la alteración del RFE.
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