El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Guillermo Galván Galván, intensificó sus cabildeos con legisladores de ambas cámaras en busca de lograr modificaciones de fondo a la Ley de Seguridad Nacional, aprobada en el Senado en abril pasado, con miras a que se regrese a la iniciativa original del presidente Felipe Calderón, en la cual se otorgan al Ejército facultades extraordinarias en materia de combate al crimen organizado.
Desde que la minuta pasó a San Lázaro, hace seis meses, militares expresaron desacuerdo con su contenido, y poco después el titular de la Sedena entregó por escrito a las bancadas del PAN en ambas cámaras una propuesta de modificaciones a 22 artículos de esa legislación, con el fin de que la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico no sea “en auxilio de las autoridades civiles”, sino como “coordinadores responsables” de los operativos.
El general Galván pretende también que cambie el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional, en el cual los senadores establecieron que el Presidente no podrá utilizar al Ejército en caso de conflictos políticos, sociales o de orden electoral.
Cuando se aprobó la reforma en comisiones, el 22 de abril, el perredista Pablo Gómez expuso que de esa manera se impide que las fuerzas armadas sean enviadas a reprimir huelgas o protestas por fraudes en comicios.
La propuesta de la Sedena es que se agregue un último párrafo al artículo 69, donde se especifique que no podrán participar en el caso de movimientos sociales o electorales, excepto cuando éstos “escalen o constituyan una amenaza a la seguridad interior”.
En ese documento de la secretaría se señala que la minuta contiene aspectos que pueden provocar juicios de inconstitucionalidad, además de imprecisiones y falta de definiciones claras en conceptos como seguridad interior, seguridad pública y seguridad nacional.
La cúpula de la Sedena no está de acuerdo con que el Ejército participe “en auxilio” de gobernadores o alcaldes. “Se pervierte así la misión de las fuerzas armadas, al subordinarlas a autoridades civiles ya rebasadas por una afectación a la seguridad interior”.
De aprobarse la minuta, insiste, el Ejército “quedaría incapacitado legalmente para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, los grupos armados”, y estaría limitado “para atender antagonismos de seguridad de la nación, ya que sólo podría hacerlo cuando se emita una declaratoria de afectación a la seguridad nacional”.
Otra modificación propuesta es para permitir que el Ejército solicite la intervención de comunicaciones privadas.
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