La presencia del difunto capo Ignacio Nacho Coronel en los exclusivos círculos sociales de Guadalajara no era algo nuevo ni reciente. Desde hace varios años el narcotraficante número dos del Cártel de Sinaloa había hecho de la capital de Jalisco su lugar de residencia y centro de operaciones, y aunque siempre se manejaba con un bajo perfil y era más bien discreto, no sólo algunos de sus vecinos sabían de su presencia en Colinas del Sur: lo sabían también las policías municipales de Zapopan y la estatal, que le brindaban protección.
Al sobrino del Nacho, Mario Carrasco Coronel, también muerto a tiros por el Ejército, era común verlo en los bares y restaurantes de moda en Guadalajara y Zapopan, codeándose con los más connotados juniors tapatíos. Era también propietario de bares y, con una actividad mucho más visible que la de su tío, era su brazo derecho y operativo. Si eso lo sabían y lo comentaban muchos en Guadalajara, ¿no lo sabía el gobernador Emilio González o su secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Nájera?
No es casual el silencio que durante varias horas guardó el gobernador jalisciense, quien apenas ayer, a pregunta expresa, se dijo abierto a “que se investigue a todos”, incluidos los funcionarios de su gobierno, policías estatales y municipales que podrían aparecer en las nóminas de Coronel, contenidas en la computadora encontrada por el Ejército, en el domicilio donde cayó abatido a tiros el capo. El mismo mandatario panista se dijo dispuesto a ser investigado y aseguró estar “tranquilo” por lo que pueda venir como secuelas tras la muerte del narcotraficante.
Todo indica que al gobernador se le puede conceder su deseo, pues en la Sedena aseguran que la computadora del Nacho sí contiene información sobre las redes de protección que, durante los últimos años, le permitieron operar en total tranquilidad y seguridad en el estado. Y en esas redes, afirman fuentes castrenses, saldrán nombres lo mismo de jefes policiacos municipales y estatales que de algunos colaboradores muy cercanos y de la confianza del gobernador.
No puede entenderse, comentan en las fuerzas castrenses, que Jalisco estuviera en una “calma chicha” teniendo en su capital, en una exclusiva zona residencial, a uno de los líderes del cártel más fuerte del país. Tampoco se entendería que el capo haya hecho de la capital jalisciense su centro operativo sin la seguridad de que las autoridades locales lo cobijarían y no delatarían su presencia a las fuerzas federales.
Si Arturo Beltrán Leyva encontró en Cuernavaca, y en todo Morelos, un refugio seguro para vivir y operar desde ahí su xártel, Ignacio Coronel tuvo en Guadalajara, y en Jalisco, las mismas condiciones para residir y controlar desde ahí las 10 plazas que, se dice, estaban bajo su mando en igual número de estados del país. En los dos casos, gobernadores panistas aparecen involucrados y fingen demencia y total ignorancia. En los dos casos, colaboradores cercanos aparecen como infiltrados por los capos de la droga; en el caso del morelense Marco Antonio Adame, las evidencias de involucramiento de su secretario de Seguridad y su procurador, acusados y detenidos por vínculos con los narcos, no bastaron para inculparlo, y recibió la total protección y respaldo del presidente Felipe Calderón. ¿Ocurrirá lo mismo con el jalisciense Emilio González, que no es precisamente santo de la devoción de Los Pinos?
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