Ejecuciones, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias es lo que México permite como consecuencia de que el presidente Felipe Calderón ha delegado en las fuerzas armadas para realizar un combate frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, señaló Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial.
Lo anterior por un sistema de justicia militar que permite que las fuerzas castrenses se investiguen así mismas, garantizando "la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército", indica la organización en su capítulo dedicado a México.
La cifra de denuncias, explica la organización, se ha sextuplicado de 2006 a 2008, alcanzando en el primer semestre de 2009 las 559 denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por abusos cometidos por el Ejército.
Destacó también que por "el temor hacia esta institución", la capacidad de los agentes del ministerio público militar de investigar se ve mermada, impidiendo que testigos y victimas aporten información a las autoridades militares.
La HRW denuncia también la ausencia de justicia tanto en violaciones en materia de derechos humanos, como en las víctimas de crímenes violentos, debido a causas diversas como las "prácticas de policía abusivas sin ningún tipo de rendición de cuentas", así como la "corrupción, capacitación y recursos insuficientes".
Por otra parte, en el apartado que se refiere a la CNDH, la organización afirma que a pesar de contar con importantes recursos y un mandato "amplio", no ha promovido las reformas necesarias para evitarlos, ni tampoco ha exigido a las instituciones de gobierno que reparen en los abusos documentados.
Finalmente HRW resalta que aunque el gobierno de México respaldó la mayoría de las recomendaciones destinadas a mejorar sus prácticas en derechos humanos, no aceptó las que se relacionan con el uso de tribunales militares para juzgar los abusos del Ejército.
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