Fuerzas combinadas del Ejército y de la Policía Especializada del estado arrestaron en Tapachula a mandos policiacos y ex servidores públicos presuntamente involucrados con el crimen organizado, así como a siete supuestos integrantes del brazo armado del cártel del Golfo, durante un operativo en el que fueron asegurados un arsenal y cinco vehículos blindados. Los jefes policiacos y funcionarios presuntamente recibían de 90 mil a 160 mil pesos mensuales por informar a los narcotraficantes de los movimientos del Ejército y de la diversas corporaciones policíacas y por dejarlos operar en la zona.
En el despliegue militar-policiaco fueron aprehendidos el director estatal de la Policía Fronteriza, David García Arizmendi, así como el director de la Policía Municipal de Tapachula, José Fernando Sereno Victorio, y el ex director de esa misma corporación, José Manuel Cinta Solís.
Fue arrestado además el agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Fronteriza-Istmo-costa, Luis Alberto Aguilar García.
Los involucrados fueron acusados por los presuntos integrantes del brazo armado del cártel del Golfo de dar protección al crimen organizado.
La Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sometió asimismo a los presuntos sicarios y narcotraficantes William Murillo Villa, Julio César Escobar Escobar, Leonel Soto Pérez, Andrés Wong Cinco, Gerardo Domínguez Álvarez (a) El Caballo, Blanca López Ávalos y Ángela Barrios Almaraz.
La Policía Ministerial penetró a siete casas de seguridad y a un rancho, donde incautó un arsenal de 84 granadas de diversos calibres y potencia, 25 armas largas- entre AR-15 y AK-47 conocidas como cuernos de chivo y tres armas cortas calibres 45 y 9 mm.
Aseguró también tres mil 691 cartuchos útiles de diversos calibres, 135 cargadores, 19 chalecos antibalas, 25 fornituras, ocho placas para chalecos antibalas, tres radios de comunicación y cinco automóviles, uno de ellos blindado.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que en sus declaraciones ministeriales los siete arrestados admitieron que pertenecen al grupo criminal Los Zetas y que se dedicaban al tráfico de drogas, armas de fuego y explosivos y de personas.
Reconocieron haber cometido diversos homicidios.
Leonel Soto Pérez señaló que entregaba a los jefes policíacos y servidores públicos coludidos de 90 mil a 160 mil pesos mensuales por informarles sobre los operativos de las diferentes corporaciones policiacas y por dejarlos operar libremente en la zona de Tapachula.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada Contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ejercitó la facultad de atracción de la averiguación previa, armas, objetos asegurados y arrestados para ser trasladados a la ciudad de México.
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