CULIACÁN, Sin.— Llegaron por la mañana en tres camiones militares y dos vehículos Hummer artillados para acordonar la antigua aeropista conocida como La Platanera y al mediodía ya habían asegurado poco más de medio centenar de avionetas. Al mismo tiempo, muy cerca de ahí, en los hangares del aeropuerto de esta ciudad otro despliegue de 200 soldados acordonó el área e inmovilizó una flotilla de 50 aeronaves pertenecientes a empresas que prestan servicio de taxis aéreos para la zona serrana del estado sobre las cuales las autoridades tenían sospechas de que operaban de manera irregular.
Días antes del 14 de febrero pasado, en el aeropuerto de Los Mochis el Ejército había asegurado 50 aeronaves privadas y de aerolíneas regionales y semanas atrás habían hecho lo mismo con una docena en el aeródromo de la ciudad de Guamúchil. En esos tres operativos el Ejército había asegurado 250 aeronaves como parte de una investigación que tuvo su réplica en Estados Unidos y que se originó cuando en septiembre de 2007 se desplomó un jet Gulfstream II —con matrícula N987SA— en las inmediaciones de la ciudad de Mérida con al menos dos toneladas de cocaína presuntamente propiedad del cártel de Sinaloa. La investigación realizada por la DEA (Drug Enforcement Administration) y la PGR sobre la flota aérea que estaría al servicio de la organización que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán se consolidó cuando en noviembre fue detenido en el DF Pedro Alfonso Alatorrre Damy, acusado de ser el operador financiero del grupo y quien en sus primeras declaraciones aportó datos sobre la red de aviones utilizadas para el traslado de droga.
El aseguramiento de gran parte de avionetas privadas y particulares que operan en Sinaloa fue considerado por las autoridades como un “golpe quirúrgico” en la logística del narcotráfico que utiliza la zona serrana de Durango, Sinaloa y Chihuahua para transportar vía aérea lo que en esa región —conocida como el Triángulo Dorado— se cultiva y se cosecha en mariguana y heroína. Pero para los abogados de las empresas afectadas, lo que la PGR realizó con apoyo del Ejército fueron “palos de ciego” pues afectaron a varias compañías que tienen décadas de operación y de cuya flota aérea dependen para subsistir 5 mil personas que viven diseminadas en al menos 80 pequeñas comunidades serranas quienes utilizan el servicio para atenciones médicas y surtirse de alimentos.
“Desde hace tres meses que comenzaron los aseguramientos nosotros hemos perdido por lo menos de 25 a 30 millones de pesos, no hemos calculado aún el costo que tendrá el que algunas naves ya estén inoperantes porque esos equipos si no vuelan pueden tener averías”, dice Pablo Alvarado, representante legal de Aeroservicios Piti y de Servicios Aéreos del Golfo. Este litigante sabe que las autoridades investigan una probable colusión con el crimen organizado en algunas compañías y, de entrada, rechaza que sus clientes tengan algo que ver con el narcotráfico pues asegura que son parte de la historia de la aviación en el estado y la trayectoria de los propietarios se puede identificar fácilmente.
Un hilo conductor
Una compañía que aparece en la ruta de las sospechas se llama JC Aviación de Culiacán, SA, y pese al nombre tiene su sede en Los Mochis. Cuentan con una sucursal en Guamúchil y en el medio de los servicios aéreos se les conoce porque no manejan aeronaves pues su negocio es la venta de partes y refacciones aéreas de importación. A nombre de esta empresa la DEA detectó la compra de un avión tipo Beach King Air 200 —matrícula N469JB— el cual tuvo un costo de 740 mil dólares y cuando indagaron el origen de los recursos la agencia concluyó que eran producto de la red de lavado de dinero del narcotráfico. La pista del dinero la proporcionó la investigación de la PGR sobre las operaciones financieras de la casa de cambio Puebla, de la que Alatorre Damy era empleado, y de donde aparecieron transacciones en Estados Unidos para la compra de un par de aviones del mismo tipo —Beach King Air 200— uno con matrícula N50AJ y otro con la N7027Z. A partir de estas negociaciones las autoridades aseguraron activos por 12 millones de dólares de la empresa mexicana de la cual se sospecha que habrían lavado alrededor de 11 millones de dólares producto del narcotráfico.
El avión tipo King Air es considerado por pilotos de la PGR la nave por excelencia para realizar intercepciones ya que es un bimotor turbo hélice, “rápido yeficaz”.
De los 250 aviones asegurados en Sinaloa, la delegación de la Procuraduría General de laRepública en la entidad sólo ha devuelto tres, explica el abogado Alvarado, ya que la mayoría tienen problemas en la documentación para operar. Sin embargo, la dependencia señaló que también investigan a personas que aparecen como propietarios y quienes no tienen permisos para operar aerotaxis.
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