Efectivos de la Policía Federal y Policía Ministerial capturaron a 23 miembros de la Policía municipal de Tarandacuao que trabajaban al servicio del cártel de La Familia Michoacana, así como a otras tres personas que tenían funciones de operadores del grupo delictivo.
Los agentes policiacos fueron acusados de secuestrar, ejecutar y extorsionar a los habitantes del Municipio por encargo del director de la corporación, Jesús Cárdenas Gómez, quien se encuentra prófugo junto con dos de sus hermanos, quienes eran subdirectores.
La Policía municipal de Tarandacuao se encuentra integrada por 29 elementos y solamente tres de ellos no han sido relacionados con el crimen organizado pero están sujetos a investigación.
El Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, mencionó en conferencia de prensa que Cárdenas Gómez, originario de Lázaro Cárdenas, tenía relación estrecha con Sergio Moreno Godínez "El Amarillo", quien fungía como operador del grupo delictivo pero fue detenido por la Policía Federal en noviembre del año pasado.
"Derivado de las labores de inteligencia realizadas por las unidades especializadas, se pudo establecer que en la comisión de delitos intervinieron los elementos de la Policía municipal, a quienes su director precisaba qué persona debían localizar y detener, para entregarlos al delictivo, localizándose posteriormente sin vida y con mensajes de La Familia Michoacana", mencionó el funcionario.
Entre los detenidos se encuentra el comandante de la corporación, Ángel Leyva Regalado; la secretaria, María Guadalupe García Martínez; el director de Protección Civil, Jorge Armando Carrillo Mejía y su colaborador, Carlos García Villagrán.
El Procurador mencionó que a los policías se les ha vinculado directamente en tres ejecuciones y varios secuestros.
"Los policías hacían labor de halcones, vendedores de droga, secuestradores, homicidas y extorsionadores", indicó.
Además, comentó que Cárdenas Cruz recibía la visita de miembros de La Familia Michoacana en sus oficinas de la policía y las armas de los presuntos sicarios eran puestas a resguardos en el área de armas y después devueltas a los presuntos delincuentes cuando se retiraban del lugar.
Por trabajar para el cártel, los agentes locales supuestamente recibían pagos semanales.
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