El presidente del Comité de Supervisión Gubernamental de la Cámara de Representantes, Darrell Issa, emitió un emplazamiento obligatorio a los máximos responsables de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) para que rindan cuentas sobre el fallido operativo Rápido y furioso.
En una carta dirigida al Departamento de Justicia y a la ATF, el responsable del más poderoso comité de vigilancia y escrutinio del Congreso estadounidense lamentó que los responsables del proyecto Gunrunner y su polémico componente Rápido y furioso hayan hecho caso omiso de las peticiones y los plazos que les han marcado desde el Congreso para entregar toda la información relacionada con el trasiego ilegal de armas hacia México.
El plazo concedido a la ATF para que presentara la documentación y los testimonios solicitados por el Comité de Supervisión de la cámara baja, venció la noche de este jueves.
“La falta de voluntad de esta administración (la ATF) para responder a las preguntas relacionadas con este asunto de gravedad extrema, es realmente preocupante”, dijo Issa, congresista por California.
“Las acusaciones que rodean a este programa (Rápido y furioso) son muy serias, y la capacidad del Departamento de Justicia para conducir una investigación imparcial ha quedado en duda. Por ello, una supervisión desde el Congreso es necesaria para conocer toda la verdad sobre lo ocurrido”, dijo.
Ante el requerimiento, el Departamento de Justicia emitió una carta de respuesta en la que lamenta la premura con la que el Comité de Supervisión les ha exigido responder, y asegura que, en virtud de la investigación en curso, les es imposible entregar la documentación requerida sin comprometer el resultado de las pesquisas.
“Como hemos explicado, hay ciertos documentos que no podremos aportar porque se comprometería la investigación relacionada con la muerte del agente Brian Terry”, dijo Ronald Weich, principal asistente del fiscal general Eric Holder, al tratar de contener las presiones de la Cámara de Representantes para esclarecer el papel del Departamento de Justicia en el caso.
En su carta de respuesta, el Departamento de Justicia reiteró la importancia de frenar el trasiego ilegal de armas hacia territorio mexicano.
Durante más de un año, Rápido y furioso permitió el tráfico ilegal de armamento a través de la frontera con México bajo la impasible mirada de agentes de la ATF, que intentaban descubrir y desmantelar una red de contrabando organizada por cárteles en ambos lados de línea fronteriza.
Apenas el pasado 29 de marzo, Darrell Issa exigió a la administración Obama, y en particular a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, entregar toda la información solicitada por el Congreso sobre Rápido y furioso.
El congresista exigió a Clinton entregar “todos los informes” relacionados con los encuentros sostenidos en México —en el verano de 2010— entre el embajador Carlos Pascual, el secretario de Justicia Larry Breuer y “otros oficiales” para discutir sobre las investigaciones relacionadas con Gunrunner y el fallido plan Rápido y furioso.
“Le pedimos que presente notas informativas, cables y correos electrónicos de los encuentros que se produjeron entre junio y septiembre de 2010”, le especificó Issa al fijar como plazo el próximo 12 de abril.
La defensa de la ATF
El citatorio emitido por la oficina de Darrell Issa coincide con la difusión de un nuevo reporte del Center for Public Integrity (CPI), en el que, por primera vez, defensores de la ATF han decidido dar un paso al frente para denunciar la campaña de acoso contra una agencia que carece de los recursos y de los medios necesarios para atajar a la poderosa industria de las armas y a sus principales cabilderos en el Congreso estadounidense.
“Las leyes son muy débiles y los recursos son escasos”, ha comentado Michael Bouchard, ex subdirector de la ATF que supervisó las misiones de esta agencia federal hasta 2007.
En el reporte elaborado por el CPI se menciona la capacidad de aprendizaje de los cárteles, que han descubierto las fisuras legales y el modus operandi de la ATF para organizar una red de “compradores de paja”.
El documento también menciona las ofensivas orquestadas por la Asociación Nacional del Rifle para obstaculizar las iniciativas de la ATF a favor de un mayor control de la venta de armas de asalto en las más de 8 mil armerías que hay en la frontera con México.
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