Un vendedor en Arizona fue presionado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos para proveer armas a emisarios de carteles mexicanos, garantizando que no se permitiría que cruzaran a México y que no se usarían contra agentes policiales estadunidenses.
De acuerdo con pruebas reunidas por investigadores del Senado estadunidense y citadas por el diario The Huffington Post, los fiscales federales enviaron correos electrónicos que aseguraban había un "seguimiento continuo de los sospechosos", quienes compraron más de mil 700 armas entre 2009 y 2010 con el conocimiento del gobierno, como parte de la polémica operación "Rápido y Furioso".
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