La Policía Federal determinó no dar a conocer el número de civiles ajenos a la delincuencia organizada, muertos durante enfrentamientos entre los agentes de la corporación y miembros de organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico en 2009.
Al responder una solicitud de información, presentada a través de la Ley Federal de Transparencia, la Policía Federal determinó reservar por 12 años este dato estadístico, argumentando que podría tener un uso inadecuado o ser objeto de infidencia, y afectar contrainteligencia del gobierno.
"La difusión de datos afectaría el proceso de inteligencia y contrainteligencia, debido a que la información es un medio de apoyo para la adecuada toma de decisiones de los mandos operativos de las instituciones vinculadas, en la gran meta que es recuperar la seguridad, el orden y la paz social en el país.
"La información precisa y confiable podría tener un uso inadecuado o incluso ser objeto de infidencia, que podría ser aprovechada por los integrantes de la delincuencia organizada para su propio beneficio en su afán de dificultar las estrategias o acciones en su contra, que podrían emprender las diferentes autoridades del país en este ramo", señaló la Policía Federal.
En el oficio PF/OCG/UE-R/0203/2010, la corporación policial explica que este tipo de información, generada en coordinación con otras instancias del gobierno federal, sirve como medio de consulta para la elaboración de diagnósticos sobre la delincuencia organizada en el país.
Estos documentos son la base del gobierno para establecer criterios, políticas y estrategias de operación para inhibir y erradicar la actuación de los delincuentes.
"Darla a conocer podría dificultar el diseño y aplicación de acciones contra la delincuencia organizada, al tiempo que podría entorpecer otros sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública", manifiesta la Policía Federal.
De acuerdo con la corporación federal, el daño específico que ocasionaría la difusión de este tipo de informes, sería en sus operaciones; entorpecería la coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública y sería contrario al protocolo para la recolección, validación y consolidación de homicidios y enfrentamientos vinculados con el crimen organizado.
La decisión de impedir la publicidad a esta información, será revisada hoy por el Instituto Federal de Acceso a la Información, que determinará si la PF debe dar a conocer esta estadística o en su defecto reservarla.
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