Un juez federal dictó auto de formal prisión a Gregorio Sánchez, candidato al gobierno de Quintana Roo, por los probables delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, Carlos Alberto Elorza Amores, encontró elementos suficientes para iniciar juicio formal a Sánchez Martínez y determinó que, a partir de este momento, se le declaran suspendidos sus derechos políticos, lo cual fue notificado al Instituto Federal Electoral (IFE).
El impartidor de justicia con sede en El Rincón, municipio Tepic, Nayarit, valoró las pruebas que aportó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/063/2010 por los delitos de delincuencia organizada y otros.
La determinación se emitió a las 6:30 horas de este martes dentro del termino constitucional ampliado y una vez que se desahogaron las pruebas que presentó el inculpado, y el expediente se radicó bajo el número 122/2010-VI.
Gregorio Sánchez enfrentará proceso penal por delincuencia organizada que sanciona el Código Penal Federal y delitos contra la salud, “en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento de la comisión o ejecución de delito contra la salud”.
Asimismo será juzgado por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita “en su modalidad de depósito dentro del territorio nacional de recursos con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con el propósito de alentar alguna actividad ilícita”, resolvió el juez.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusó a Gregorio Sánchez de vínculos con actividades delictivas de la organización criminal que dirigen los hermanos Beltrán Leyva y los sicarios conocidos como Los Zetas, realizadas en Cancún.
El juez solicitó que se elabore la ficha de identificación criminal a Gregorio Sánchez en donde se detalle su media filiación, así como los estudios sicológicos y socioeconómico correspondientes.
También ordenó que se comunique la determinación al vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del IFE en Nayarit, “informándole que se suspenden los derechos políticos a Gregorio Sánchez Martínez”.
Esto, subrayó el juez, con fundamento en el Artículo 38 Fracción II constitucional y la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que se establece que los derechos políticos se suspenden desde el dictado del auto de formal prisión.
La resolución del juez Elorza Amores fue notificada a la directora del Centro Federal de Readaptación Social número 4 “Noroeste”, al agente del Ministerio Público de la Federación y al procesado, así como a su defensa.
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