Narcotráfico en México

Denuncias presentadas ante la CNDH por detenciones arbitrarias y tortura del Ejército, como los casos de policías y civiles de Tijuana que a continuación se relatan, han sido llevadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de medidas cautelares para la protección de los ciudadanos:

'A golpes vas a saber'

De músculos marcados y voz gruesa, "Ismael" no parece predispuesto al miedo. Policía preventivo curtido por más de cinco años en las calles de Tijuana, tampoco se sentía así, hasta que unos militares le vendaron los ojos y se lo llevaron.

El 15 de septiembre de 2009 fue detenido sin orden judicial por el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Julián Leyzaola, y trasladado a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería ubicadas en la localidad de Aguaje de la Tuna, del municipio de Tecate.

Según su relato, ocho militares encapuchados lo esposaron, le quitaron la camisa y le taparon los ojos con algodón y cinta adhesiva.

"Me ataron las manos por la parte de atrás con una especie de tela pegada con cinta adhesiva y me ordenaron recostarme en un colchón. Me aseguraron los tobillos y las rodillas con cinta", recuerda el hombre de alrededor de 30 años, quien pide cambiar su nombre.

"Me pusieron una cobija encima y empezaron a hacerme preguntas sobre personas, elementos de la policía, ex policías, civiles. Respondí negativamente y la persona que me cuestionaba me dijo: 'pues a golpes ahorita vas a saber'. Luego sentí el peso de tres personas sobre mí, después la presión de un plástico en mi rostro, un plástico bastante grueso, me estaban asfixiando".

El policía llegó a la Ciudad de México a finales de enero para denunciar su caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el cuarto donde dio su testimonio había un cartel escrito a mano en el que se explican las consecuencias de la tortura: traumas secundarios, desintegración familiar, enfermedad sicosomática, pérdida de confianza en él, en las personas y en el Estado, miedo, deterioro económico.

Refirió ahí que permaneció 96 horas en el cuartel militar junto a otros policías.

"Nos tenían en el piso, sólo íbamos al baño cuando ellos querían. Si escuchábamos abrir la puerta era el temor de que nuevamente nos llevaran a ese cuarto donde nos asfixiaban".

Dijo que los militares lo amenazaron con lastimar a su familia o tirarlo en la calle como "encobijado" si no cooperaba. Así fue obligado a firmar una declaración, como obligado fue el oficial que lo acusó de tener vínculos con el crimen organizado, también bajo tortura.

Después de eso, pasó 80 días arraigado en un hotel. Finalmente el juez a cargo del caso declaró el auto de formal libertad por falta de elementos que comprobaran su responsabilidad en algún delito.

'Nadie sabe que estás aquí'

Desde el penal Venustiano Carranza, en Tepic, la policía tijuanense Blanca Huizar escribió una carta de cinco hojas donde narra cómo a base de tortura los militares intentaron arrancarle declaraciones.

"El secretario de Seguridad Pública, teniente coronel Julian Leyzaola Pérez, se acercó a mí y me dijo que tenía que acompañarlo al cuartel del 28 Batallón, ya que tenía una orden de presentación y que no hiciera las cosas más difíciles, sin presentarme ninguna orden", detalla en la misiva dirigida "a quien corresponda".

Refiere que la tarde del 25 de marzo del año pasado, Leyzaola la dejó en manos de cuatro soldados y uno de ellos la llevó a un cuarto que sólo tenía una silla.

"Me dio dos algodones y me dijo que me los pusiera en los ojos, que era para mi seguridad".

Enseguida comenzó el interrogatorio.

"El hombre me dijo 'dime para quién trabajas pendeja, sino aquí Te ba (sic) a cargar la verga, al cabo nadie sabe que estás aquí'".

El militar le exigió nombres de policías coludidos con el crimen organizado y la amenazó con asfixiarla con una bolsa de plástico y electrocutarla.

Después fue llevada a un cuarto donde había otros policías, compañeros de la corporación, tirados en el suelo.

"Permanecí por cinco días incomunicada, sin poder hablar con alguien, luego siguieron trayendo más policías", indica en la carta.

El 7 de mayo, luego de permanecer arraigada en el cuartel por 42 días, soldados y elementos de la AFI la llevaron con otros 24 policías detenidos a un avión para trasladarla al penal de Tepic.

Blanca entregó la carta a su esposo durante una de las visitas que tuvo, todas custodiadas por elementos de seguridad. En un par de fotografías que el esposo colocó para acompañar la carta, Blanca posa junto a un árbol de navidad y al lado de una patrulla. En ambas viste el uniforme policial, parece orgullosa de él.

'Escuchaba los gritos de su hermano'

Tania se enteró que su esposo fue detenido la tarde del 16 de junio, cuando lo vio en los noticieros locales. Rodeado de soldados, Ramiro Ramírez era presentado como "El Rambo", miembro de una banda de secuestradores a quien encontraron con un plagiado y 17 rifles AK-47.

Ramiro, de 25 años, fue detenido con su hermano Rodrigo y Orlando, un amigo de ambos. Sin orden judicial, fueron sacados de un condominio en Playas de Rosarito por ocho personas vestidas de civil, encapuchadas y armadas, que los esposaron, les vendaron los ojos, los golpearon e intentaron asfixiarlos con bolsas de plástico.

Junto con ellos otro joven, a quien no conocen, también iba detenido.

Tania acudió a buscarlo a la sede de la PGR en Tijuana acompañada de su suegra María Isabel Reyna, pero ahí negaron su detención. Después de buscar durante cuatro días en las instituciones de seguridad supo que estaba en la sede de la Segunda Región Militar, donde lo pudo visitar dos semanas después.

Ramiro tenía inflamaciones en el abdomen y una "bola" detrás de la oreja por los golpes que recibió.

"Les preguntaban por nombres que no conocían y tenían que decir, si no les iba peor, tenían que aceptar que eran las armas de él, si no lo iban a matar y decir que murió en un enfrentamiento", recuerda Tania, quien presentó una queja ante la CNDH el año pasado y no ha recibido respuesta.

"Él escuchaba los gritos de su hermano, de su amigo golpeados. Les daban choques eléctricos y al mismo tiempo les querían levantar las uñas de las manos y los pies".

Ramiro y Rodrigo están procesados y permanecen detenidos en Tepic, acusados de delincuencia organizada, secuestro y portación ilegal de armas de fuego. La familia sólo ha podido visitarlos una vez en el penal, donde llevan más de seis meses detenidos porque no pueden dejar sus trabajos para trasladarse a Nayarit.