Caen "Zetas" y funcionarios que los protegian
La Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), detuvo en Tapachula a siete presuntos integrantes del grupo delictivo de "Los Zetas", a tres servidores públicos, un ex funcionario municipal; además del aseguramiento de un arsenal y cinco vehículos.
Durante un operativo, en el que participaron elementos de la Policía Especializada de la PGJE y del Ejército Mexicano, fueron detenidos: William Murillo Villa, Julio César Escobar Escobar, Leonel Soto Pérez, Andrés Wong Cinco, Gerardo Domínguez Alvarez, alias "El Caballo", Blanca López Avalos y Angela Barrios Almaraz.
Además, el director de la Policía Municipal de Tapachula, José Fernando Sereno Victorio; el director de la Policía Fronteriza, David García Arizmendi; el ex director de la Policía Municipal de Tapachula, José Manuel Cinta Solís; y el agente del ministerio público, adscrito a la Fiscalía Fronteriza-Costa, Luis Alberto Aguilar García; quienes fueron señalados por los presuntos "Zetas" durante su declaración, de brindarles protección.
Como parte de los cateos realizados en siete casas y un rancho, se aseguraron un total de 84 granadas (75 granadas de fragmentación M 67, seis granadas de fragmentación M 26, una granada Arges HDPGR73, una granada 40 milímetros de alto explosivo M 433 y una granada fumígena), 25 armas largas (entre AK-47, conocidas como "cuerno de chivo" y AR-15), tres armas cortas (dos calibre 45 y una pistola calibre .9 milímetros), 3,691 cartuchos útiles, 135 cargadores, 19 chalecos antibalas.
Así también, 25 fornituras de diferentes tipos, ocho placas para chalecos antibalas, tres radios de comunicación y cinco vehículos, uno de ellos blindado.
Al momento de rendir su declaración ante el ministerio público, los detenidos reconocieron pertenecer al grupo delictivo de "Los Zetas" y dedicarse al tráfico de drogas, armas de fuego, explosivos y de personas, así como haber cometido diversos homicidios.
Por su parte, Leonel Soto Pérez señaló que entregaba a los servidores públicos involucrados, cantidades que oscilaban entre los 90,000 y 160,000 pesos mensuales, por informar acerca de los operativos que realizarían las diferentes corporaciones policiacas y dejarlos operar libremente en la zona de Tapachula.
Cabe destacar, que por la importancia que revierte el caso, la Subprocuraduría de Investigación Especializada Contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ejercitó la facultad de atracción de la averiguación previa, armas, objetos asegurados y detenidos, que serán trasladados a la ciudad de México.
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