Narcotráfico en México

A la lista de nombres de los agentes de la Policía Ministerial que fueron removidos de su cargo por el Procurador Rommel Moreno el 8 de mayo se suman otros policías del estado y municipales de Tijuana que son mencionados en declaraciones de participantes en la balacera del 26 de abril, como cómplices del crimen organizado, pero que no han sido retirados de las corporaciones.

Actividades y relaciones de 49 agentes ministeriales y nueve policías municipales, todos activos, están bajo investigación en los tres órdenes de gobierno.

Fueron señalados, identificados y deben ser investigados para deslindar su responsabilidad como presuntos integrantes de diversas células del crimen organizado en Tijuana.

Las indagatorias también contienen nombres y datos de ex agentes prófugos, despedidos, en proceso de remoción o desaparecidos, supuestamente ligados a las mismas células delictivas del cártel Arellano Félix. Ellos tampoco han sido detenidos, incluso, la Procuraduría General de la República (PGR) no los ha llamado a declarar en torno a las acusaciones que pesan en su contra.

Los señalamientos criminales sobre estos agentes son recientes, los expedientes se integraron a finales de abril de 2008. Sin embargo en el caso de algunos acusados, esos datos se suman a otros que datan de dos o tres años atrás.

A pesar de la gravedad de las imputaciones y de la presunta suma de delitos, no se han ejecutado órdenes de presentación; vamos, ni siquiera se tiene información que se hayan redactado. Labor en la que se había anunciado, la PGR solicitaría el apoyo del Ejército.

Ante la ineficiencia y ausencia de avances en las investigaciones de la PGR que relacionan a policías con el crimen organizado, el trabajo de depuración de los cuerpos policiacos se simplifica peligrosamente:

Se limita a unos cuantos despidos que tienen posibilidad de terminar en reinstalaciones, porque en lugar de acusarlos y detenerlos por haber participado en secuestros, homicidios y balaceras, como señalan algunos delincuentes en las investigaciones mencionadas, los dejan fuera por “no notificar su cambio de domicilio, no presentarse a los exámenes de confianza en tiempo y forma o haber solicitado dinero a un turista hace dos años” y demás imputaciones menores que les permiten seguir operando para el narco en total libertad.

La Ministerial
Los nombres de medio centenar de ministeriales fueron expuestos en investigaciones por delitos del orden federal.

Según los datos proporcionados, de los 49 ministeriales investigados:
* Cuatro tienen relaciones criminales con Jorge Briceño “El Cholo”, dos ya fueron despedidos en mayo reciente como parte del programa de depuración y sin acusarlos o perseguirlos por sus presuntas actividades delictivas. Quedaron fuera de la corporación, Juan Pablo Malerva del Ángel y Mario Alberto Ocampo Severiano.

* Otro policía es identificado con la célula del detenido Víctor Magno Escobar “El Pareja”, su nombre es José Manuel Velazco Ruíz, y también fue despedido.

* Tres más fueron ligados al grupo de Saúl Montes de Oca Morlett “El Ciego”, también detenido. En este grupo identifican al ministerial Óscar Hernán López Valdez, quien fue retirado en mayo.

* A 18 de los escasos 30 elementos de antisecuestros los relacionan con actividades del CAF. De ese grupo se les permitió renunciar a los ex jefes, Jesús Nelson Rodríguez García y José Heredia González, se fueron después que el General Sergio Aponte Polito los señalara públicamente el 22 de abril en una carta donde acusó la corrupción al interior de la Procuraduría General de Justicia de Baja California.

* Dos de los investigados los ubican con “El Güero Camarón” (hombre de complexión esquelética, rubio rojizo, estatura mediana baja), uno de los cuales fue identificado como Eduardo Rojas Logan quien está bajo custodia de las autoridades norteamericanas, después que se descubrió su participación en la balacera de Insurgentes el 26 de abril de 2008.

* Nueve elementos más fueron relacionado con un sicario-secuestrador conocido con el apodo de “El Botas”, cuyo historial indica que hasta noviembre de 2007 operó bajo las órdenes de otro sicario conocido como “Ramiro” y que era parte de la célula delictiva de Merardo Hinojosa “El Abulón”. Después delinquió bajo las órdenes de un sicario conocido como “Jaime” perteneciente a la célula dirigida por “El 7-7” quien presuntamente murió en el enfrentamiento del pasado 26 de abril.

* Hay tres nombres de agentes de la PGJE ligados al grupo de Carlos Morelos “El Lobito” de quien hay indicios fue asesinado en el primer trimestre de 2007.

* Otros 15 elementos activos están señalados como parte de la célula de Teodoro García Simental “El Teo”, es la lista más grande de agentes incorporados a una célula del CAF, después del señalamiento sobre el Grupo Antisecuestros.

La nómina de la PGJE para verificar la pertenencia de los mencionados a la procuraduría y verificar si todavía estaban activos. El documento cibernético tuvo su última actualización el 31 de marzo, así que continúan apareciendo incluso los 51 empleados que despidieron el 8 de mayo.

Este semanario tiene en su poder la lista de agentes despedidos y se pudo corroborar que por lo menos 40 de los oficiales mencionados continúan perteneciendo a la corporación.


Depurados
Otra lista es la de los agentes ministeriales que fueron despedidos por el Procurador Rommel Moreno Manjarrez el 8 de mayo de 2008. Aun cuando el listado no precisa razones de la baja, se pudo corroborar que algunos de los agentes removidos forman parte de los oficiales señalados de corrupción e infiltración por el General Sergio Aponte Polito en abril de este año. De los señalados por el militar que fueron retirados:

* Armando Serrano Quintero y José López Rivera, ligados a una investigación de falsificación de documentos para el robo de vehículos.

* Miguel Ángel Castillo Belmontes, detenido el 9 de febrero por la Policía Estatal Preventiva (PEP) después que huyó cuando le marcaron el alto, estaba en posesión de un vehículo cuya procedencia no pudo acreditar y le encontraron un polvo blanco que la PGR no identificó; después fue liberado y exonerado legalmente. Tres meses más tarde lo despidieron.

* Salieron de la corporación Marcos Javier Luján Rojas y Arturo Quetzalcóatl Vargas Zermeño, señalados al igual que José Heredia González como secuestradores por unos delincuentes detenidos el mes de marzo.

* Macario Nakay Jiménez, Martín Guzmán Montelongo, Hernando Villegas Delgado, Jaime Arroyo Flores y Valente Tizoc Núñez Soto, también salieron de la corporación. Todos ellos fueron mencionados en el narcovideo que le fue grabado al extinto jefe ministerial José Ramón Velásquez Molina en mayo de 2007.

Sin embargo no todos los agentes ministeriales sobre quienes pesa un señalamiento fueron dados de baja. Existen otros siete elementos que fueron señalados por Aponte Polito y que continúan en la PGJE supuestamente suspendidos mientras se deslindan los cargos: José Antonio Rodríguez Uribe, Mario Alejandro Ramírez Dueñas y Ezequiel García, relacionados con la firma de comprobantes de vehículos robados como si no tuvieran reporte.

En las mismas condiciones están Mario Quevedo Ruiz, Pedro Genaro Ruiz, Humberto Salazar Ramírez y Octavio Magaña Espinoza, quienes fueron acusados de pertenecer al crimen organizado por un hombre detenido en posesión de 300 kilos de marihuana.

Conforme a una fuente interna de la Procuraduría, de los cuarenta empleados restantes que fueron despedidos de la Procuraduría, ya contaban con antecedentes de su presunta relación con la delincuencia:

* Domingo Herrera Navarro.
* Edgar Acosta Chávez.
* Homero Bustamante Zúñiga.
* Alberto Enríquez Martínez.
* Luis Navarro Pelayo.
* Jaime Balderrábano Padilla.
* Óscar López Valdez.
* Juan Pablo Malerva del Ángel.
* Manuel Velazco.
* Óscar López, y
* Alberto Ocampo.

Del resto de los agentes removidos, el funcionario anónimo comentó: “se fueron malos y buenos elementos” y agregó que entre quienes fueron retirados de la policía, han sido señalado de estar ligados al CAF: Victorino Domínguez Velázquez, Juan Otero Alanís, Javier Crespo Gómez, Edgardo Martínez Sánchez, Ramón López Corona y Luis Antonio Quezada Salas.

En el caso de otros 25 agentes removidos, dos de Ensenada y 23 de Tijuana, policías locales manifestaron que “no hacían alarde de sus malas relaciones” pero tampoco pondrían las manos en el fuego por ellos.

Más municipales inmiscuidos
En el caso de los municipales, los uniformados bajo la lupa fueron señalados por los detenidos de la balacera del 26 de abril. Los acusaron de participar en actividades del cártel de los hermanos Arellano Félix.

La lista de los señalados incluye a Luis Gilberto Sánchez Guerrero alias “El Gil”, policía hasta noviembre de 2007 cuando transportó a Raydel o Luis Alfonso Velarde Solís “El Muletas”, en la pick-up Ford F150 modelo 2007, con logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, a los Mariscos Godoy, y después lo ayudó a huir del lugar cuando llegó la policía federal.

Omar Cabera Bengochea es otro de los mencionados y sobre quien la PGR tiene indagatorias previas que lo incluyen. Este elemento dejó de pertenecer a la policía local este año, después de una persecución-balacera que inició en el centro de baile “Las Pulgas” y terminó en la Torre de Agua Caliente con un detenido al que dejaron ir.

Investigadores ligados a las declaraciones de los detenidos el 26 de abril luego de la balacera entre sicarios de “El Teo” y “El Ingeniero”, mencionaron que éstos acusaron también al agente Gilberto Fimbres Fimbres, situación que sumada a los señalamientos internos, llevó a los mandos superiores a retirar a Fimbres de una jefatura para colocarlo en cargo menor “para controlarlo”.

En el mismo expediente se señala a los jefes policiacos Antonio Alaniz, Pedro Arce y Óscar Díaz. Además a otros agentes: Luis Carlos García Espinoza, Sergio Humberto García Miranda, Arturo González Aguilar, Rafael Solís Rangel y Cristian Alvarado Chavira.

En la misma investigación se mencionaron los nombres de tres ministeriales, los ya conocidos: Eduardo Rojas Logan, José Valentín García Topete y Jesús Manuel Meza Guevara, de quien no existen antecedentes.

En la indagatoria también mencionan a un hombre señalado como cocinero del Segundo Batallón a quien identificaron como Alejandro Ruiz Martínez. Y a un particular quien había sido detenido en 2005 por portación de arma punzocortante y tiene registrada su residencia en el fraccionamiento Mariano Matamoros; se llama Juan Manuel Cázarez Gallardo. Una de sus huellas fue encontrada en el lado del piloto de la Montero Mitsubishi blanca dejada abandonada el día de la balacera.