Reos de alta peligrosidad, muchos de ellos pertenecientes a cárteles del narcotráfico, operan desde los distintos reclusorios de la Ciudad de México, aprovechando que éstos no son de máxima seguridad.
El titular de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, Hazael Ruiz Ortega, señaló que de los cuatro mil 198 internos en cárceles capitalinas, 700 son de alta peligrosidad, muchos de ellos miembros de bandas del narcotráfico.
Refirió que en las penitenciarias de la Ciudad de México hay reos "de todos los cárteles", muchos, dijo, tienen capacidades criminológicas altas, y al estar en penales de mediana seguridad en la capital, aprovechan los recursos con los que cuentan.
"Por lo general cumplen, se mantienen al margen de los problemas y de los conflictos, su actividad está en el exterior; (operan) a través de la visita familiar, a través de las casetas de teléfonos públicos, ellos mantienen constante comunicación", aseguró.
Advirtió que a pesar de que se trata de internos relacionados con ilícitos federales como delitos contra la salud y delincuencia organizada, al estar en una cárcel de la capital cuentan con todos los derechos de los demás internos del fuero común.
Es decir, subrayó, cuentan con su derecho a la comunicación, a las visitas, y a través de éstas se ha observado cómo dan instrucciones a los integrantes, en libertad, de las agrupaciones delictivas que ellos lideran.
En ese sentido, Hazael Ruiz reiteró su petición a las autoridades federales para que agilicen el traslado de cuatro mil 198 reos del orden federal, que están presos en cárceles de la Ciudad de México, para mantenerlos en las condiciones de alta seguridad que requieren.
De esos reclusos, casi 700 son considerados de alto riesgo, por su peligrosidad, en especial 49, provenientes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que se encuentran en calidad de arraigados.
Por ello invitó a la Procuraduría General de la República (PGR) a que construya más centros nacionales de arraigo, principalmente en la zona norte del país, para evitar que los hampones bajo investigación sean trasladados también a cárceles capitalinas.
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