El cadáver del ex subsecretario de Gobierno del estado, Luis Domingo Pérez Hernández, fue encontrado en un estacionamiento de un centro comercial de la ciudad de Guamúchil, el cual presenta varias heridas de bala, sobre todo en el rostro.
El cuerpo fue abandonado en el estacionamiento de la plaza comercial Evora, en el municipio de Salvador Alvarado, a poco más de 24 horas de que el ex funcionario fuera "levantado" por un comando en el exterior de una residencia de esta ciudad.
El procurador de Justicia del estado, Marco Antonio Higuera, reveló que en el lugar del hallazgo fueron recolectados 52 casquillos percutidos de fusiles AK-47 y 11, calibre 9 milímetros, por lo que un grupo especial investiga este asesinato.
Explicó que fue necesario practicar diversos peritajes, sobre todo de sus características, puesto que el rostro de Pérez Hernández, quien en el sexenio anterior fungió como subsecretario de Gobierno, presentaba diversas lesiones por impactos de bala.
Pérez Hernández fue "levantado" el lunes a las 12:30 horas, por más de diez hombres armados que viajaban en tres vehículos, cuando salía de una residencia en la calle Presa de Valsequilla, en el fraccionamiento las Quintas, de la ciudad de Culiacán.
Tanto su vehículo, un Mustang con placas de circulación VKT 5312, como sus teléfonos celulares quedaron en el lugar de los hechos, por lo que se toman huellas y se cotejan las últimas llamadas que sostuvo.
En marzo del 2010, el ex funcionario fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de México, procedente de la ciudad de Culiacán, por agentes federales; estaba acusado del delito de lavado de dinero, por lo que permaneció bajo arraigo por espacio de 70 días.
Un día después, elementos de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada cateó su residencia en esta ciudad y, al vencer su arraigo, el juez Séptimo Federal decretó su libertad por considerar que no se aportaron pruebas suficientes para tipificar el delito.
Luis Domingo Pérez, durante el proceso electoral que realizó el año pasado en Sinaloa, fue señalado como responsable de la filtración y divulgación de llamadas telefónicas grabadas en forma anónima a funcionarios estatales y autoridades electorales.
Él dijo ser víctima de acoso por parte de las autoridades, puesto que sus negocios y en lo personal, vivían en auditorías constantes.
Horas antes del hallazgo, el gobernador Mario López Valdez había establecido que diversas corporaciones trataban de ubicar su paradero, puesto que su familia no había recibido ninguna petición de rescate.
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