El Ejército mexicano informó que cuenta con las pruebas necesarias para ejercer acción penal en contra de cuatro militares: un capital, un cabo y dos soldados de infantería por el homicidio del albañil Vicente de León y su hijo Gabriel, un estudiante, de 15 años, en el norteño municipio de Apodaca, Nuevo León.
Los soldados Cruz Nuñez, Valerio Lucas, José Antonio Rosado y Antonio Ramírez son "probables responsables" de haber disparado en contra de un automóvil en el que viajaban siete personas: dos murieron y cinco resultaron heridas en la carretera Monterrey- Laredo el pasado 5 de septiembre.
"Con esta fecha serán ingresados en la prisión militar a disposición de dicho Juzgado, para que dentro del término constitucional, determine su situación jurídica", puntualizó ayer la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un intento por mejorar su imagen en la lucha contra el crimen organizado, el ejército creo recientemente la Unidad de Vinculación Ciudadana , con el fin de atender a la población en conflictos de derechos humanos derivados de acciones militares; sin embargo, continúa la polémica sobre el fuero militar.
Por ello, en un caso inédito reveló que cuatro soldados fueron sentenciados en el fuero civil, por las violaciones sexuales de 13 trabajadoras de un bar de Coahuila, ocurridas el l1 de julio de 2006 y aceptó indemnizar a las familias de dos universitarios nuevoleonenses acribillados en una balacera.
Sin embargo, los organismos civiles consideran que es insuficiente: "Entendemos que hay una legítima demanda de seguridad en el país, pero esto no quiere decir que no se van a respetar las garantías individuales y se va a lesionar a la población sin que ésta se sienta resarcida", comenta Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, quien contabiliza más de 280 casos de abusos de soldados en tres años que aún no han sido investigados.
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