Con el voto en contra del PRD y el PT, el Senado aprobó reformas al Código de Justicia Militar, que endurecen las sanciones a los miembros del Ejército que colaboren directa o indirectamente con el narcotráfico y en general el crimen organizado.
Las sanciones avaladas por los senadores van de 30 hasta 60 años de prisión y baja de las fuerzas armadas.
El perredista Tomás Torres insistió en que son sanciones excesivas, superiores incluso a las de pena de muerte.
La reforma crea el nuevo tipo penal de “traición a las fuerzas armadas y se aprobó con 63 votos a favor y 20 en contra.
Con dicha reforma, los integrantes del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea serán sancionados por incumplir sus obligaciones para actuar contra la delincuencia u obstaculicen las acciones militares, o de cualquier otra autoridad, contra los criminales.
Entre las sanciones se prevé dar de baja y encarcelar entre 15 y 60 años al uniformado que permita el empleo en algún acto delictivo de una embarcación, aeronave o cualquier otro bien o recurso humano que tengan bajo su cargo.
Asimismo, se castigará a elementos que proporcionen protección, facilidades, adiestramiento, capacitación o cualquier otro servicio a criminales y el intento de reclutar personal militar con fines ilícitos, señala el dictamen que avala una propuesta enviada por el presidente Felipe Calderón.
A la letra, el dictamen dice: "Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que no ejecute una orden del servicio o la modifique de propia autoridad, en ambos casos, para favorecer a cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa.
"Y a quien falsifique o altere un documento o instrumento que contenga información relativa a las operaciones de las Fuerzas Armadas o autoridad competente en contra de cualquier miembro de la delincuencia organizada o asociación delictuosa, o a sabiendas de que se trata de documentos o instrumento falsificados o alterados, haga uso de ellos".
El dictamen se turnó a la Cámara de Diputados para su votación y eventual aprobación.
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