Narcotráfico en México

Organizaciones de derechos humanos condenaron el "abuso" del arraigo en la lucha contra el crimen organizado, así como la falta de reglamentación sobre los sitios en los que se debe de alojar a los arraigados.

Juan Carlos Gutiérrez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Edgar Cortez, de la Red nacional de organismos civiles "Todos los derechos para todos y todas", Carlos Zepeda, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), y Areli Sandoval, de Equipo Pueblo, urgieron al gobierno federal a eliminar la figura del arraigo, como se le recomendó en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Juan Carlos Gutiérrez destacó que desde que se instalaron los juzgados de control para autorizar cateos, arraigos e intervenciones telefónicas, hace cinco meses, más de 500 personas han sido arraigadas, de las cuales no se sabe con claridad dónde se encuentran.

Por si fuera poco, agregó, se tiene conocimiento de que algunos están arraigados en cuarteles militares, con lo que se viola la Constitución Mexicana, porque las instalaciones castrenses no tienen facultades para operar como centros de detención.

Gutiérrez puso como ejemplo el caso de 25 policías municipales de Tijuana que permanecieron arraigados en el 28 Batallón de Infantería, conocido como El Aguaje de la Tuna, donde, de acuerdo con los testimonios de los agentes, fueron torturados. El asunto fue publicado en el número 1701 de la revista Proceso.

Recordó que antes de que el arraigo tuviera rango constitucional, como se hizo en las recientes reformas al sistema judicial, "ya había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y organismos internacionales recomendaron a México eliminar dicha figura porque equivale a privación ilegal de la libertad".

El arraigo, consideró, "es una caja negra en la lógica de las detenciones", ya que se detiene para investigar a una persona y no porque haya elementos previos para arrestarla.

Además, criticó que no hay regulación sobre los sitios en los que se debe mantener a los detenidos, pues lo permanecen arraigados en instalaciones militares --como ocurrió en Tijuana--, que hoteles o casas de seguridad.

"No hay transparencia, porque no sabemos cuántos arraigados hay ni por qué delitos se les mantiene retenidos", reprochó.

Así mismo, apuntó que ante la "opacidad y falta de reglamentación, se suspenden los derechos constitucionales de los arraigados, que se convierten en víctimas de torturas y de la corrupción de lo custodios, además de que ponen a los arraigados en una situación de incertidumbre jurídica".

Edgar Cortez, por su parte, resaltó que el arraigo tiene que ser una figura jurídica que debería ser abordada de manera "excepcional". Sin embargo, en México "se está convirtiendo en una costumbre de las autoridades, lo cual es sumamente preocupante".

Reveló que la concepción del arraigo en la última reforma judicial, en el que se elevó a rango constitucional, "causó alarma entre los países que analizaron la situación de los derechos humanos en México, en febrero, durante el Examen Periódico Universal, y la recomendación que se hizo fue eliminarlo". Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón se ha negado.

Destacó que recientemente una comisión del Subcomité para la Prevención de la Tortura, organismo dependiente de la ONU, detectó que no existe reglamentación para la operación de los centros de arraigo. "Cualquier lugar es habilitado por las autoridades para privar a los investigados de su libertad", afirmó.

Cortez agregó que durante una visita a los centros de arraigo, los representantes del Subcomité registraron casos de tortura, malos tratos, abusos a derechos humanos y, sobre todo, falta de transparencia.

En tanto, Areli Sandoval alertó que las consideraciones que se incluyeron en la Constitución para definir delincuencia organizada y que dan pie, sin mayores trámites, al arraigo, "ponen en riesgo a todos los ciudadanos".

Sandoval resaltó que el arraigo "puede ser utilizado con fines políticos, sobre todo contra miembros de organizaciones sociales o de movimientos ciudadanos".