El grupo delictivo “La Familia” pagaba a las autoridades entre 50 mil y 200 mil pesos para establecer una red que los protegía.
Fuentes oficiales sostienen que el pago era individual y dependía de la magnitud de la operación, destaca Excelsior hoy.
El operativo de "limpieza" en Michoacán apenas concluyó su primera etapa, pues en las indagatorias se establece que la red de protección al grupo delictivo “La Familia” estaría integrada por 65 personas.
Por el momento se mantiene retenidos a 29 servidores públicos del gobierno de la entidad, por su presunta responsabilidad en actividades de delincuencia organizada.
Sin embargo, agentes federales de investigación, con el apoyo del Ejército mexicano, continúan con la búsqueda de particulares y algún otro funcionario que podrían estar vinculados con las mafias.
En los informes federales se indica que los cargamentos de drogas o caravanas de automotores en los que viajan los integrantes del grupo delictivo “La Familia” presuntamente estaban protegidos desde el gobierno central de Michoacán.
En una lista se encuentran los nombres y adscripciones de los probables contactos que esa organización criminal logró establecer, según las investigaciones federales, desde hace más de un año.
Esta información fue corroborada por un testigo protegido, quien fue identificado con el nombre clave de Francisco y entregó algunos datos sobre las operaciones de “La Familia”, a partir de 2008.
La prueba documental que se adjuntó al expediente de la operación "limpieza" en Michoacán, no cuenta con ningún sello o firma que pueda respaldar su autenticidad; son varias hojas impresas por computadora.
Elementos de investigación federal encontraron el documento en el interior de un automóvil que presuntamente pertenece a un integrante de “La Familia”; sin embargo, la operación de aseguramiento y la identidad del detenido también se mantienen bajo resguardo.
Fuentes de alto nivel de la PGR informaron que las declaraciones del testigo protegido, así como la lista con los nombres y adscripciones de los posibles contactos en el gobierno michoacano son sólo dos elementos del expediente que sustenta la investigación, ya que el trabajo de inteligencia que se realizó durante los últimos seis meses permitió obtener otras pruebas que detonaron la operación.
Los interrogatorios a los que fueron sometidos diez presidentes municipales, seis funcionarios y ex funcionarios del gobierno central, así como 13 mandos y elementos operativos encargados de las actividades de seguridad pública y procuración de justicia, se centraron en la lista y algunas declaraciones del testigo protegido.
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