La profundidad de la infiltración del narcotráfico en las policías de Morelos puede calibrarse aquí, donde sólo la fuerza del Ejército pudo romper uno de los eslabones del poder que detentan Los Rojos, la célula de narcotraficantes que opera en este municipio y cuyos tentáculos se extendían presuntamente a todos los rincones de la corporación policiaca local.
Desde el director hasta prácticamente todos los uniformados de los niveles más bajos de la corporación policial están presumiblemente al servicio de este grupo que dirige una familia de apellido Arellano, de acuerdo con informes de autoridades federales y militares.
Como un microcosmos de lo que sucede a nivel estatal con la infiltración del cártel de los Beltrán Leyva en la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos, aquí el poder corruptor de este grupo de narcotraficantes les permitía que fueran los propios policías los que les avisaran de operativos en su contra. Por eso, únicamente con una acción sorpresiva, el Ejército asestó el 9 de este mes un golpe al poder de Los Rojos al desmantelar un laboratorio donde se elaboraban drogas sintéticas y que se ubicaba en una propiedad de la familia Arellano, detener por unas horas a 36 policías y tres civiles, además de asegurar armas y vehículos.
Siguiendo la misma lógica empleada por la organización criminal de los Beltrán Leyva para hacer de los mandos y elementos de corporaciones policiacas estatales sus principales operadores de logística, en este municipio los uniformados trabajaban para proteger las actividades de distribución y venta de droga de Los Rojos. A veces el apoyo logístico de la policía de Yautepec llegó al cinismo, según un reporte de autoridades militares, debido a que el director de seguridad pública municipal, Gerardo Calderón Catalán, utilizó instalaciones y vehículos de la corporación para guardar o repartir drogas en la localidad.
Uno de los miembros de la familia Arellano, Javier Guadalupe Arellano, quien hasta hace unas semanas era síndico procurador en el ayuntamiento perredista de Yautepec, compite ahora por una diputación al Congreso del estado bajo las siglas del partido Convergencia. Él es hermano del propietario del predio donde el Ejército desmanteló el laboratorio clandestino donde se elaboraban drogas sintéticas, según el reporte del Ejército.
Pese a los señalamientos de las autoridades militares contra Calderón Catalán y sus hombres, estos quedaron en libertad apenas unas horas después e incluso al día siguiente denunciaron que fueron víctimas de abusos y atropellos de los soldados. Pero en el reporte del 9 de mayo emitido por la 24 Zona militar después del operativo en Yautepec, quedó escrito que “Gerardo Calderón Catalán integra parte de la red de distribución de droga junto con 35 elementos de la citada corporación, quienes estaban involucrados en actividades ilícitas en el municipio de Yautepec”. Calderón Catalán fue separado del cargo por el alcalde de Yautepec, Juan Camacho. El ex jefe policiaco recurrió al amparo contra la investigación que lo relaciona con el crimen organizado.
El minicártel
Originarios de Guerrero, los integrantes de la familia Arellano —según el reporte de autoridades militares— pueden hacer negocios desde un kilo hasta una tonelada de mariguana o de otras drogas. El documento establece que como jerarca de la familia aparece María de Jesús Arellano, le siguen Javier, La Choche, Francisco y Arnulfo Arellano, además de Abel Gasca Arellano, y los hermanos Daniel Sánchez y Rolando Sánchez, quienes controlan la banda y su operación en este municipio.
Los reportes de los militares dan cuenta de que la familia Arellano cuenta con la protección no sólo de autoridades municipales, sino también estatales. Se les vincula con grupos del narcotráfico disímbolos, como los Beltrán Leyva y Los Zetas, incluso con los Arellano Félix. El documento establece que los arriba mencionados son dueños de extensas propiedades en este lugar, que tienen a nombre de familiares, como esposas, primos y otros.
El Ejército también estableció que todos ellos reciben presuntamente protección de elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y agentes del Ministerio Público de la Federación, lo mismo que de policías estatales, quienes se encargan de proporcionar información sobre acciones policiales en su contra o de alguna parte de la red de distribución de drogas en este lugar.
Las investigaciones de las autoridades castrenses dan cuenta de que la familia Arellano combina su residencia en este lugar con sus domicilios en Tlapa de Comonfort, Tlacotepec, Apatlixca y otros sitios de Guerrero, donde tienen contactos para la siembra, recolección y empaquetado de droga, reclutamiento de gente para su organización y su adiestramiento para operar como sicarios o burreros.
Por lo que hace a Javier Guadalupe Arellano, candidato a diputado por Convergencia, las autoridades militares señalan que es licenciado en Derecho y su formación le ha permitido establecer contactos con el ámbito de la procuración y administración de justicia. Dueño de centros nocturnos y bares, el aspirante de Convergencia es señalado como quien ha integrado a sus incondicionales a la policía y ello le permite controlar de esta forma parte de la corporación.
Junto con su hermano Francisco y Abel Gasca Arellano, mantienen un férreo control sobre actividades criminales en este sitio, principalmente en la distribución y venta de drogas al menudeo. Se menciona que a la par de su enriquecimiento inexplicable, la familia Arellano ha financiado las campañas de varios candidatos a puestos públicos como el ex presidente municipal, Cornelio Agustín Alonso Mendoza, y la regidora Raquel Chirinos Beltrán.
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