Ahora van por los ministeriales en Tijuana




La Policía Ministerial de Baja California, la misma que el actual Gobernador reconoció como corrompida, apenas pasará por su primera depuración con investigación criminal. En los siguientes días por lo menos 16 agentes serán llamados a declarar por acusaciones que hacen sobre ellos por presuntamente servir al crimen organizado.

Al igual que a los municipales de Tijuana detenidos por el Ejército, a los estatales los buscan por sus ligas con el cártel Arellano Félix.

Agentes de la Policía Ministerial de Baja California están en la mira de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada contra Delincuencia Organizada), luego que sus nombres fueron provistos por detenidos recientes, como parte del entramado de corrupción entre autoridad y crimen organizado.

Una nueva lista de futuros ex empleados deshonestos de la policía, a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, contiene hasta el momento 16 nombres. Pero en la última fase del escrutinio del Grupo Coordinación, encabezado por el Ejército Mexicano, se revisará la posible inclusión de 10 elementos adicionales de la Policía Ministerial.

Al igual que con la depuración en la Policía Municipal de Tijuana, la autoridad federal se encargará de la limpia en la corporación estatal, una obligación que el Gobierno de José Guadalupe Osuna Millán ha estado postergando, a pesar que como candidato electo reconoció el alto nivel de corrupción en esa institución y se comprometió a limpiarla.

Con todo, únicamente 17 investigadores estatales fueron despedidos por resultar �no recomendables� en los estudios de confiabilidad en agosto de 2008 y sólo dos ministeriales fueron detenidos en noviembre del mismo año, por presuntas ligas con el crimen organizado.

En el archivo histórico que analiza la autoridad federal en relación a la Ministerial , en marzo 2009 fueron revisados expedientes de asuntos de homicidios y privaciones de la libertad, ocurridos entre 2006 y 2008, donde acusados delataron a los agentes ministeriales confabulados.

Pero además de la indagatoria general que ubica a los policías del estado como parte de dos grupos delictivos del crimen organizado, 16 ministeriales cuentan con señalamientos específicos.

El ministerial de apellido Álvarez fue señalado de brindar seguridad en la reunión realizada el 22 de enero en el hotel Baja Season en los límites de Ensenada y Rosarito, para el desarrollo de una fiesta entre miembros de una célula del cártel Arellano Félix. Además, Álvarez es acusado de apoyar en la logística de la fuga de Teodoro García Simental y un importante número de sus cómplices del complejo turístico.

Un ministerial de apellido Valero, otro de los presuntos indiciados, salió a relucir en las declaraciones de los criminales detenidos el 8 de marzo en el salón Mezzanine de Tijuana, operativo en el cual elementos del Ejército Mexicano capturaron a Ángel Jácome Gamboa �El Kaibil�.

A dos agentes, Valle y Robles, que informan los investigadores, pertenecieron durante mucho tiempo al grupo antisecuestros, los investigan como agentes activos en los secuestros perpetrados por células del cártel Arellano Félix a finales de la administración de Eugenio Elorduy y el principio de la gestión de José Guadalupe Osuna, cuyos colaboradores no removieron a los agentes a pesar de la sospecha.

Allegados a la investigación federal explicaron además que al ministerial de apellido Nájera lo están revisando para fincarle responsabilidad como lugarteniente de la célula delictiva de Teodoro García Simental.

La información también indica que el de apellido Herrera, comisionado a Robo de Vehículos, fue señalado por detenidos de estar presuntamente vinculado a privaciones de la libertad.

Mientras su compañero Díaz, del mismo grupo, ha sido mencionado como informante del CAF en diversas declaraciones.

Otro ministerial, éste identificado como García Rubalcaba, aparece en la lista de los investigados por la autoridad federal y el Grupo Coordinación, por proporcionar seguridad para que delincuentes llevasen a cabo privaciones ilegales de la libertad.

Uno más de apellido Herrera está siendo revisado por brindar protección al crimen organizado.

Otro policía ministerial, éste identificado con el apellido Méndez, fue denunciado ante el Grupo Coordinación por participar activamente en el robo de droga a los grupos contrarios del CAF que llegan a Tijuana, además de colaborar abiertamente en �levantones�.

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