Tienen relación con el narco 19 policías Tabasco
Tras concluirse el arraigo de 40 días contra 19 agentes de la policía de los municipios de Balancán, Centro, Cárdenas y Paraíso, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó el ejercicio de acción penal contra todos, al encontrarlos responsables de cargos agravados por delincuencia organizada y contra la salud.
En medio de un impresionante operativo, los 19 presuntos colaboradores y/o informantes del Cártel del Golfo, que arribaron a la entidad procedentes de la casa de arraigo en la ciudad de México, se condujeron a la prisión del Estado, en donde quedaron instalados.
Entre los ex policías estatales figuró el que fuera subdirector de la Policía Ministerial, licenciado Carlos Alberto Magaña Alamilla, a quien se apresó cuando desempeñaba su cargo en la coordinación policial en el municipio de Comalcalco.
De acuerdo con el procedimiento de seguridad para el traslado de los peligrosos ex policías, autoridades federales se vieron en la necesidad de "cerrar" el aeropuerto estatal al público en general, de hecho, sólo se autorizaba el ingreso a personas que iban a realizar algún vuelo.
Desde las cinco de la mañana, el operativo por parte de fuerzas estatales y federales se dispuso en la zona, para aguardar el arribo de los ex policías.
Desde temprana hora el aeropuerto se mantuvo situado, y fue a eso de las diez de la mañana en que comenzaron las operaciones para ejecutar el aseguramiento y traslado de los ex policías hacia el Centro de Readaptación Social del Estado.
En un informe oficial, la PGR a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en la Delincuencia Organizada (SIEDO), dio a conocer que los asegurados que hoy arribaron a Tabasco, fueron llevados a la prisión del Estado para ser juzgados por cargos criminales.
Se acusó pues a los ex policías que presuntamente recibían dinero a fin de brindar ayuda y protección al grupo delictivo denominado "Los Zetas", esto, luego de tenerse evidencias contundentes como el que sus nombres aparecieran detallados en documentación asegurada en operativos a sicarios, mismos que indicaban los pagos que realizaban a estos servidores públicos; "nóminas" aseguradas en operativos y cateos realizados en diversos puntos de la entidad.
Ante el hallazgo, todo hizo suponer que los asegurados eran los informantes del crimen organizado y que para ello recibían de 5,000 a 10,000 pesos mensuales por la "colaboración" que daban a los integrantes del Cártel del Golfo.
Fue precisamente en los operativos ejecutados los días 9 y 10 de fin de año, que se logró el aseguramiento de estos servidores públicos que hoy deberán ser juzgados.
Los asegurados se mantuvieron retenidos por espacio de 71 días en el Centro Nacional de Arraigo, hasta que finalmente se determinó el ejercicio de acción penal contra todos y posteriormente el juez ordenó las respectivas órdenes de captura.
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