Luego de que el pasado 14 de marzo se informara sobre una balacera entre policías estatales, activos del Ejército Mexicano y presuntos miembros de una organización delictiva denominada “Los Durango”, ocurrida en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y cuyo resultado fue la exitosa aprehensión de un sujeto que, a la postre, resultó ser sobrino de uno de los líderes del cártel de Sinaloa —según lo indicó la SSPF—, la Procuraduría de Justicia descarta que éste fuera dejado en libertad.
Presumiblemente, José Ángel Carrasco Coronel, alias “El Changel”, fue aprehendido junto con cinco personas más, luego de que las autoridades recibieran un reporte anónimo que hacía mención sobre varias detonaciones por arma de fuego que se realizaban desde el interior de un salón de eventos ubicado sobre la calle José María Victoria, a su cruce con Emiliano Zapata, en el poblado de San Sebastián el Grande.
Tras la llegada de las autoridades, las personas que se encontraban en el casino iniciaron un enfrentamiento, y el resultado habría sido la muerte de uno de los delincuentes.
Alejandro Chaires García intentó escapar, pero al hacerlo recibió varios tiros y su cuerpo quedó tirado en un arroyo que se encontraba en la parte trasera del lugar donde se realizaba la fiesta.
Los detenidos en esa ocasión, según un boletín de la Policía del Estado, fueron: Javier Carrasco Meza, de 39 años; Valentín León Rodríguez, de 26; José Manuel García, de 30; Ranulfo Beltrán Rosales, de 20; Israel López Vizcarra, de 28, y un menor de 16 años.
Ellos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público del fuero común, quien presumiblemente les habría concedido la libertad luego de establecer que las pruebas de balística resultaron negativas, así como el hecho de que las armas incautadas en dicha ocasión habían sido encontradas en un sitio cercano a ellos, más no en su posesión.
No obstante, y aunque el procurador de Justicia, Tomás Coronado Olmos, había dicho que estas personas habían sido enviadas a la Procuraduría General de la República (PGR), la instancia federal aclaró que éstos nunca llegaron a la delegación estatal.
Mientras tanto, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, José Francisco Niembro, había informado que la aprehensión de José Ángel Carrasco Coronel o José Ángel Carrasco Villarreal fue verificada y validada.
Y en este tenor, la PGJE dio a conocer mediante un boletín de prensa que había entablado plática con Niembro González, quien les señaló que la declaración efectuada a medios de comunicación en la Ciudad de México fue hecha con base en lo que él a su vez había leído en periódicos, y reconoció entonces que la captura no fue llevada a cabo.
A decir se la instancia estatal, las huellas digitales de los detenidos fueron confrontadas en una base de datos de todo el país para detectar a sujetos con antecedentes criminales y buscados en la república, en la cual resultó negativo que alguno de ellos tuviera cuentas pendientes tanto en el fuero común como en el federal.
No obstante, sí se aclaró que estas personas quedaron en libertad con las reservas de ley, toda vez que las pruebas que los podrían mantener en prisión no fueron suficientes.
Por lo pronto, ninguna autoridad en el Estado tiene conocimiento de la ubicación de estas personas.
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