En México actúan alrededor de cinco mil pandillas de países centroamericanos que han sido reclutadas por narcotraficantes desde 2007. El crimen organizado que ejerce un gran poder en algunas zonas del país es así uno de los graves retos que enfrenta el gobierno mexicano, aunado a la corrupción existente.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su Informe 2008 sobre el problema de la droga en el mundo destaca que el gobierno de México se enfrenta a una violencia sin precedente, como respuesta de los cárteles de la droga al esfuerzo de las autoridades por combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Para ello, el gobierno mexicano ha destacado más de 12 mil soldados, ha empleado fuerzas de siete estados y gastado más de 2 mil 500 millones de dólares de Estados Unidos en 2007 (24% más que en 2006), “a efecto de reforzar la seguridad y reducir la violencia relacionada con las drogas”.
Sin embargo, de acuerdo con el organismo, en América Central las maras o pandillas callejeras implicadas en las redes del narcotráfico internacional han reforzado las filas de los cárteles mexicanos.
“Alrededor de cinco mil pandillas de El Salvador, Guatemala y Honduras actúan en México, donde algunas de ellas se han involucrado en operaciones delictivas con organizaciones mexicanas de narcotráfico”.
El documento revela que “según las autoridades mexicanas y las de los países de América Central, los grupos delictivos organizados radicados en México han venido reclutando pandilleros de El Salvador y Guatemala desde 2007”.
Además, se indica que a pesar de los esfuerzos de las autoridades “la corrupción sigue siendo un grave obstáculo para las actividades de fiscalización de drogas a nivel nacional, de estado y local, y los grupos delictivos organizados ejercen un gran poder en ciertas zonas del país”.
El organismo reconoce estrategias como la Iniciativa Mérida para combatir el narco, así como el trabajo de inteligencia con países como Colombia, además de impedir el tráfico de precursores químicos.
No obstante, la JIFE asegura que “las medidas adoptadas en México para limitar la oferta de seudoefedrina han tenido repercusiones en el tráfico de precursores en América Central”, ya que ciudadanos de El Salvador y Guatemala abastecen de precursores químicos a los cárteles mexicanos, que han expandido sus operaciones a estas naciones.
“Las organizaciones delictivas —mexicanas— han aprovechado los controles poco estrictos que rigen la venta de productos en las cercanías de su frontera meridional, para adquirir fármacos que contienen esas sustancias y establecer laboratorios de metanfetaminas en la subregión”.
Los capos mexicanos también han optado por ingresar precursores a México “trayéndolos de contrabando por nuevas rutas de China e India, importando derivados exentos de restricciones en lugar de esos precursores y utilizando otros métodos de fabricación, lo que les ha permitido mantener un nivel estable de fabricación ilícita de metanfetamina en EU”.
La JIFE alerta que en general estas redes “se hacen pasar por empresas ficticias para obtener los productos químicos que necesitan para fabricar drogas” o emplean documentos falsos de importación, por lo que exhorta a los países a tomar medidas para detectar estas operaciones.
Los narcos mexicanos siguen siendo además los principales proveedores de mariguana, cocaína y metanfetaminas en el mercado de EU, donde de acuerdo con el organismo, se ha reducido el presupuesto que se asigna a prevenir el consumo de drogas entre su población.
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