Narcotráfico en México

El periodista Armando Rodríguez era un hombre honesto y un padre de familia responsable.

Por más de 15 años cubrió la fuente policial en Ciudad Juárez para El Diario y, por ejercer su trabajo, fue objeto de múltiples amenazas de muerte. Por desgracia, este jueves 13 las advertencias fueron cumplidas. Lo asesinaron cuando salía de su domicilio para dirigirse al periódico y dejar a su hija mayor en la escuela.

Su homicidio sólo puede ser interpretado como una demostración de poder por parte de los asesinos, como un desafío al Estado como parte el clima de terror en Ciudad Juárez y doblegar al gremio periodístico. Por lo tanto, el reto para las autoridades es mayor: capturar a sus verdugos y castigarlos penalmente. Es necesaria la intervención inmediata de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de la PGR, para evitar que se contaminen las indagatorias que ya inició el Ministerio Público del fuero común. Pero se requiere que la investigación se haga por manos ajenas al personal de la Procuraduría General de la República que opera Chihuahua, y que no se permita la injerencia de los mandos locales. Nadie confía en ellos.

Armando es una víctima de la violencia extrema que padece la frontera sin que las autoridades puedan restaurar el orden. Las acciones de los tres órdenes de gobierno han sido insuficientes y la impunidad impera. Ejercer el periodismo en Ciudad Juárez es de valientes y Armando lo ejercía con dignidad y transparencia.

Como la mayoría, era juarense por adopción. Nació en Camargo, Chihuahua, y residía en Juárez desde 1986, donde estudió Ciencias de la Comunicación y conoció al amor de su vida, Blanca, con quien tuvo dos hijas y un hijo. Trabajaba como reportero desde 1992 y, desde entonces, dio seguimiento a prácticamente todos los casos de mujeres víctimas de homicidio y la mayoría de los asesinatos cometidos en la frontera. Lo que él escribió ha alimentado decenas de libros y películas, aunque ese mérito se le ha escatimado en todos los créditos.

Su homicidio no debe quedar impune. La demanda de justicia no debe ser soslayada por las autoridades de Chihuahua ni las del gobierno federal. Los juarenses no deben seguir en el abandono del centro del país y es urgente que los tres Poderes de la Unión volteen a ver, por vergüenza, lo que está pasando en una ciudad donde más de mil 300 familias están de luto por su negligencia y omisión criminal.