Los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva y de La Familia infiltraron los más altos niveles de cuerpos policiacos del estado de México. Sobornos y amenazas, de acuerdo con investigaciones de la PGR, constituyen los métodos utilizados por narcos para vulnerar las estructuras policiacas en el ámbito municipal, estatal y federal en la entidad.
Las indagaciones sobre el caso de las 24 ejecuciones en La Marquesa evidenciaron la forma en que se mueven las redes de infiltración de esos cárteles en el Edomex, donde un director de Seguridad Pública Municipal puede recibir pagos mensuales de hasta 25 mil pesos o un delegado de la PGR —según un testigo protegido— puede dejar en libertad a un jefe policiaco corrupto por un millón de pesos, la entrega de electrodomésticos o, en caso extremo, las amenazas de muerte.
Documentos oficiales dan cuenta de que en los entretelones de la matanza, estuvo la disputa de la organización criminal de La Familia por el control de la policía de Huixquilucan que detentaba el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/302/2008.
El detonante de la masacre fue la visita que hizo el jefe policiaco de San Mateo Atenco, Antonio Careaga Ramírez, quien trabajaba para La Familia, a su homólogo de Huixquilucan, Pedro Jaime Chávez Rosales, para cambiar de bando. El cártel de los Beltrán Leyva se enteró de eso y del interés de sus rivales por ampliar su zona y así decidó levantar a quienes identificó como enemigos para asesinarlos e “irle a tirar unos muertitos” al visitante.
“Chistecito” de un millón
Uno de los policías que trabajó para los Beltrán Leyva, el comandante de la Policía de Huixquilucan Antonio Ramírez Cervantes, quien encabezó el convoy de la muerte el 12 de septiembre, fue detenido meses antes por federales con una onza de cocaína y una arma.
Fue llevado a la delegación de la PGR en Toluca y primero tuvo miedo de su arresto, pero luego aprovechó su arresto para comprar al delegado estatal de la PGR, según lo relata Claudia, un testigo protegido que ha declarado en el caso de la masacre de La Marquesa.
Fremiot Ramírez Cervantes, hermano del citado comandante y quien también fuera policía en Huixquilucan, pidió a Claudia interceder ante la PGR por la captura de Antonio Ramírez.
Cuando Claudia preguntó al comandante cómo pudo salir libre de la PGR confesó sin el menor problema: “el chistecito me salió en un millón de pesos, pero todo sirvió porque aproveché para cuadrar el delegado de la PGR para que su gente no se metiera en Huixquilucan”. El delegado de la PGR era en ese momento José Manzur Ocaña, quien en julio pasado fue removido del cargo.
El ex director de Seguridad Pública de San Miguel Atenco, Antonio Careaga Ramírez, confesó que recibió sobres entre 20 y 25 mil pesos de La Familia.
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