Narcotráfico en México

Un total de 150 policías municipales serán suspendidos de la corporación como parte de la depuración que realiza la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. Por lo menos en una primera fase, aunque extraoficialmente se informó a que la intención del Alcalde Jorge Ramos es realizar una limpia de 300 elementos deshonestos de la Dirección de la Policía Municipal.

El jueves 8 de mayo Alberto Capella Ibarra, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, reveló los nombres de 35 agentes cesados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, entre los que se encontraban varios jefes y subjefes de distrito. Funcionarios consultados, revelaron que en las próximas semanas y tal vez en paquetes de igual cantidad, darán a conocer los nombres de otros 150 policías, elevando a 185 el número de agentes separados de sus funciones.

“Se trata de policías que de alguna manera brindan protección a la delincuencia organizada o que actúan de forma irregular y que además amenazan a sus compañeros en caso de denunciarlos por las actividades que realizan”.

Documentos en poder de este Semanario, revelan que desde el inicio de la actual administración la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura ha iniciado un total de 166 quejas contra 290 policías municipales.En dichos documentos aparecen los nombres de cinco de los 35 policías que recientemente fueron separados de la corporación por la presunta comisión de actividades delictivas.

Se trata de los ex policías: Marco Tulio Carrillo Grande, Alfonso Parra García y Cristián Iván Pérez Atilano, quienes fueron denunciados en la Sindicatura por ingresar a un domicilio y asegurar un vehículo “sin previa orden judicial”.También aparece el nombre de Oralia Mireles Arzate, ex Supervisora de San Antonio de los Buenos, quien fue denunciada por “abstenerse de realizar cualquier acto que implique un abuso de su cargo”, luego que un ciudadano indicara que fue golpeado por oficiales de tránsito.

Félix Chávez Ramírez, ex titular policiaco en Los Pinos, es el quinto elemento que aparece en la lista de la Dirección de Responsabilidades de la Sindicatura. Según la queja 078/2007, el ex jefe policiaco fue denunciando por la posesión de un vehículo robado.

Les ponen candadosRaúl Corona Sesma, asesor Jurídico del Ayuntamiento de Tijuana, informó que los policías destituidos de sus cargos ya no podrán regresar a sus funciones, tal como sucedía anteriormente.“Los policías en general eran los únicos trabajadores en el país que no podían ser despedidos. Para hacerlo se tenía que demostrar plenamente los actos de corrupción cometidos y este tipo de conductas, como todos sabemos, son de realización oculta.

De ahí la dificultad que existía para cesarlos”.Explicó que a raíz de la propuesta que presentó el Senador por Baja California, Alejandro González Alcocer, para modificar la relación laboral de los cuerpos policíacos en el país, los policías, llámense federales, estatales o municipales, podrán ser despedidos de la institución a la que estén adscritos.

Según las modificaciones hechas en artículo 123, apartado “B”, fracción XIII, “los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones”.

No sólo eso. La reforma advierte que en caso de que “la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”.

Corona Sesma explicó que en “los próximos días” la reforma al artículo 123 se publicará en el Diario Oficial de la Federación, pues 17 estados del país aprobaron la medida, motivo por el cual la ley tendrá vigencia en Baja California.De tal suerte indicó: “Esta reforma se va a sumar al procedimiento (de separación del cargo) que ya estableció la Sindicatura Municipal” en contra de 35 policías municipales.

Cambian actitudFuncionarios municipales reconocieron que a raíz de las modificaciones realizadas al artículo 123, la actitud de los policías se ha modificado, pues “ahora si están cuidando su chamba.“De entrada los policías han modificado el trato que tenían con los mandos porque ya se dieron cuenta que pueden ser destituidos en caso de incurrir en algún delito o una irregularidad”.

No obstante señalaron que muchos policías van a renunciar por cuenta propia, “porque si lo hacen de esta manera tendrían la oportunidad, en un futuro, de regresar a la corporación, porque no existirían antecedentes negativos en su contra”.

Cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, indican que del 1 de diciembre a la fecha un total de 80 policías se han separado de la corporación voluntariamente, por lo que se espera que otro importante número de agentes emprenda esta misma acción. Sobre todo ahora, que se sabe, la autoridad municipal va por la depuración de 300 elementos policíacos.

Un largo procesoLuego del escándalo provocado por las declaraciones del General Sergio Aponte Polito al denunciar la corrupción en diversas corporaciones policíacas en la entidad, se informó de manera oficial y en conferencia de prensa conjunta entre el Procurador Rommel Moreno y el Secretario de Seguridad Daniel de la Rosa de la suspensión de 141 elementos policíacos en Baja California.

De éstos, cinco correspondieron a la Policía Estatal Preventiva, cuarenta y dos a la Policía Ministerial y noventa y cuatro a municipales.Pero en las diversas esferas de gobierno parece que no se han puesto de acuerdo: En Tijuana trascendió la lista de los cerca de 44 agentes suspendidos, pero en los otros municipios se han negado a hacerla pública. Sólo se sabe que en Mexicali fueron 23 los agentes suspendidos.

En el caso de la Policía Ministerial, de la lista de 42, 30 de éstos corresponden a Tijuana y dos a Ensenada. Se supone que los 10 restantes a Mexicali, aunque no han trascendidos los nombres. Pero en todos los casos, se trata del inicio de un larguísimo proceso administrativo que puede llevar cerca de dos años.

La primera parte tiene que ver con la lenta investigación interna y en su caso, la suspensión definitiva.

Quienes presentan demanda lo deben hacer ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que, según la Constitución Federal, estos casos no les tocan a ninguno de los tribunales laborales.Pero en el Tribunal Contencioso la mayoría de las demandas proceden a favor de los agentes, por lo que éstos han tenido que ser restituidos en sus cargos.

Actualmente existe una reforma para que no puedan regresar a sus antiguos puestos, pero aún falta la aprobación final y por ende, no valdría para los casos actuales de suspensión.Hasta el momento, los policías suspendidos no han acudido ni a la Procuraduría de Derechos Humanos ni ante el Tribunal Contencioso.

Bajo la lupaLa sindicatura municipal en Mexicali ordenó la suspensión preventiva de 23 agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal bajo el precepto marcado en el artículo 41 del Reglamento de Seguridad Publica referido a los agentes que estén bajo alguna investigación.La suspensión preventiva es una separación sin goce de sueldo y dura mientras se realiza la investigación, explicó el síndico David de la Rosa Anaya.

El funcionario dijo que en el caso de Mexicali podría ser el único Ayuntamiento en el país que contempla formalmente este procedimiento de remoción.

De la Rosa explicó que se trata de dos vertientes, una que tiene que ver con la suspensión preventiva mientras se efectúa la investigación.

Dice que en esa parte del proceso aún no hay acusados, pero en caso de encontrar elementos entonces sí se pasa al procedimiento de remoción.

“Aquí nosotros estamos suspendiendo en base a quejas y denuncias ciudadanas, con base a antecedentes en expedientes, de las quejas que se han levantado en su contra de su actuar, en base a la revisión patrimonial”, explica el Sindico De la Rosa.

La otra parte tiene que ver con los exámenes de control de confianza que se aplicaron con el apoyo del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

El Síndico mexicalense asegura que los señalamientos del General Aponte no tuvieron que ver con estas suspensiones.Se le menciona el caso del ex jefe en el Valle, de apellido Fúnez y De la Rosa comenta que es el único mencionado por el General, el otro fue un agente de apellido Meza que murió, presuntamente por suicidio.En cuanto a los tiempos el funcionario municipal explicó que de acuerdo al reglamento, esta primera parte de la investigación puede durar hasta un año.

En ese lapso los agentes aludidos tienen la posibilidad de comparecer y De la Rosa asegura que en la mayoría de los casos ya se han acercado a pedir datos sobre su situación jurídica.

Dice que a partir de la entrada de la actual administración estatal, el esquema de seguimiento a estos casos ha sido diferente, sobre todo ahora con el apoyo del Ejército y del Sistema de Seguridad Pública.“Los exámenes de control y confianza no tienen precedente”, asegura el funcionario municipal.

Eso implica que los casos de suspensión, la Sindicatura ya tenía semanas trabajándolos y —advirtió De la Rosa— podría haber más, pues hay otras investigaciones en proceso.

El funcionario refirió que en lo que va de esta administración han removido 8 elementos, más los 23 suspendidos, a los que se suman 16 que seguramente irán a un procedimiento de remoción.“Creo que en el caso de Mexicali, los agentes suspendidos son agentes que no deben estar en la corporación, pero luego te los regresan”, dice en alusión a lo que han sido decisiones del Tribunal Contencioso Administrativo.

Relación administrativa, no laboral

De acuerdo al artículo 123 de la Constitución de la República, Apartado B, Fracción XIII, los agentes de las fuerzas policiales guardan una relación administrativa, no laboral con las instancias a las que pertenecen.

También señala que “los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del DF así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de su remoción señalen para permanecer en dichas instituciones sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización”.

La derivación estatal de este precepto resulta en la Ley que Regula las Relaciones administrativas de Integrantes de las Instituciones Policiales en el Estado. Eso implica que las demandas por despido le correspondan al Tribunal Contencioso Administrativo, ya que bajo esa óptica legal, la relación de los policías con sus patrones es de índole administrativa, no laboral. (Sergio Haro)


Ministeriales no son recomendables

Cerca de 200 agentes ministeriales fueron evaluados por el Centro Nacional de Control y Confianza desde diciembre del 2007.

A mediados de abril se remitieron los resultados donde un total de 42 agentes resultaron “no recomendables”, explica Alfredo Soriano Martínez, Agente del MP adscrito a la Dirección de Asuntos Internos. Son exámenes integrales que incluyen aspectos psicológicos, poligráficos; médico, toxicológico. También entorno social y situación patrimonial.

En función de esos resultados, AI tiene la facultad de suspenderlos preventivamente y con eso se inicia un proceso similar al detallado en Sindicatura.Además, el 15 de mayo del 2008 la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de la zona Tijuana, informó que fueron retirados del cargo dos funcionarios pero no revelaron los nombres.

Extraoficialmente se confirmó que se trata de Alejandro Vázquez, Ministerio Público adscrito a la Dirección de Averiguaciones Previas, y Carlos Martínez, Secretario de Acuerdos adscrito a la Subprocuraduría de Zona Tijuana.La denuncia se informó fue un “presunto procedimiento irregular”. Los acusaron de extorsionar al dueño de una recicladora.

Por lo pronto los retiraron del cargo para investigarlos. (Sergio Haro)

Ejército Detienen presuntos secuestradores

La madrugada del jueves 15 de mayo, elementos de la Segunda Zona Militar destacados en Tijuana realizaron un operativo en la colonia 20 de Noviembre y detuvieron a dos hombres.

Como resultado de una denuncia ciudadana, los soldados cerraron un área de la calle Granada y catearon un domicilio señalado como casa de seguridad, presuntamente empleada como “albergue temporal”, desde el cual los criminales trasladaban a las víctimas.

Durante la revisión del inmueble fueron detenidos: Julio César Urías Uriarte y José Armando Urías Uriarte, jóvenes al final de los veinte años conocidos con el alias de “Los Cuates”.A la fecha, los medios de comunicación locales no tienen registros de la actividad criminal de estos hombres.

El único dato previo es la ejecución en enero de 2003 de Onofre Urías Uriarte y Carlos Onofre Urías Covarrubias, padre e hijo, de 58 y 22 años, respectivamente, originarios de Sinaloa; los cuerpos fueron encontrados en la subdelegación de Los Pinos.

Extraoficialmente se sabe que la casa familiar de estos jóvenes reside en la colonia Sánchez Taboada donde los muchachos acostumbran realizar diversas actividades.

No se les conoce modo honesto de vida.Su papá estuvo en la penitenciaría en la década de los noventas y también ha sido señalado de manera extraoficial, por el delito de privación de la libertad.