Bienes inmuebles asegurados entre 1993 y 2008, continúan como parte de investigaciones, por ello la Procuraduría General de la República debe vigilarlos, acción que no se lleva a cabo en algunos de los casos, motivando que los sitios en descuido sean tomados por vándalos o drogadictos ante la inconformidad de los vecinos.
En un recorrido realizado a trece casas decomisadas por la Procuraduría General de la República en las ciudades de Tijuana, Tecate y Mexicali, se detectó que un 50 por ciento de estas propiedades se encuentran abandonadas por las autoridades federales.
El muestreo arrojó los siguientes datos:
* Seis propiedades son resguardadas por guardias de seguridad privada y agentes policiacos.
* Seis viviendas, que en su momento fueron utilizadas como “casas de seguridad”, están en estado de abandono y sin ningún tipo de vigilancia.
* Una propiedad fue regresada a su legítimo dueño.
La falta de vigilancia en los inmuebles confiscados ha sido aprovechada por vándalos y drogadictos que hacen de esas viviendas punto de reunión, lo cual ha inconformado a los vecinos.
Por si fuera poco, irregularidades en la aplicación y procuración de justicia ha generado que dos de los inmuebles fueran reutilizados para cometer actividades relacionadas con narcotráfico y secuestro.
La casa de Villa Colonial: Dos veces cateada
El martes 7 de marzo, elementos de la Segunda Región Militar localizaron en la calle Ramo de Agua, en el número 6436 del Fraccionamiento Villa Colonial, en la Delegación La Mesa, un piso subterráneo en el que se encontraban 428 kilos de mariguana, 111 armas de fuego de distintos calibres, 21 granadas de fragmentación, equipo táctico y seis vehículos, dos estaban blindados.
El 24 de julio, reportero y fotógrafo atestiguaron lo evidente: El domicilio se encuentra sin ningún tipo de vigilancia especial.
En marzo, durante la operación militar, se detuvo a Juan Carlos López Medina, de 32 años de edad; Xavier López Félix, de 25 y Miguel Ángel Pérez Hernández, de 33, a quienes un Juez Federal decretó formal prisión por presuntos vínculos con el cártel Arellano Félix (CAF).
De acuerdo con vecinos de la zona, la vivienda asegurada anteriormente había sido relacionada con actividades criminales, pues a finales de 2003 autoridades ministeriales detuvieron a supuestos operadores del CAF en el mismo domicilio.
En esa ocasión trascendió que policías ministeriales detuvieron a personas vinculadas a Víctor Magno Escobar Luna, “El Pareja” o “El Mata policías”, lugarteniente de la citada organización criminal.
Tras esta captura se dio a conocer que el inmueble de Villa Colonial contaba con un piso subterráneo donde presuntamente los integrantes del cártel ocultaban armas y drogas.
Aun con los antecedentes, la casa fue liberada y cinco años más tarde volvió a ser noticia tras el decomiso de marihuana y armas que realizó personal del Ejército.
Una consulta realizada en el Registro Público de la Propiedad y en Catastro Municipal, reveló que la vivienda pertenece a Adriana López Ramírez, quien a su vez cuenta con al menos cinco propiedades en la ciudad valuadas en más de un millón de pesos.
Como única medida de seguridad para evitar su ingreso, el inmueble cuenta con varios sellos de papel en puertas y ventanas, mismos que tienen escrito el número de averiguación previa: AP/PGR/BC/TIJ/677/08-M-VI.
Seguridad privada en casa de “La Cúpula”
En la calle Agua Prieta 13843 de la colonia Cortez, en la delegación La Mesa, se encuentra localizada la llamada casa de “La Cúpula”. Este inmueble fue escenario, el 17 de enero de 2008, de un enfrentamiento armado entre militares, policías federales, estatales y municipales, contra miembros del crimen organizado.
En la gresca, que se prolongó por espacio de cuatro horas, perdieron la vida un agente federal, un sicario y seis personas fueron ejecutadas por los delincuentes.
A más de medio año de los hechos, la casa se encuentra bajo el resguardo de la PGR y desde el 27 de junio es vigilada por un guardia de seguridad privada perteneciente a la empresa SERVISEG.
En la actualidad, los propietarios del inmueble reclaman que la PGR les regrese la vivienda, pues aseguran que demostraron —ante la autoridad correspondiente— que la casa era administrada por una inmobiliaria, que a su vez se encargaba de arrendarla.
Casas en Jardines de San Carlos: Vigilancia desde 2004
A dos cuadras de la casa de “La Cúpula”, en la calle San Carlos número 13431, en el Fraccionamiento Jardines de San Carlos, Delegación La Mesa, se localizan dos construcciones que fueron aseguradas por la PGR el tres de junio de 2004.
En dicho lugar fueron detenidos Jorge Aureliano Félix, “El Macumba” y Efraín Pérez, “El Efra”, lugartenientes del CAF, cuyos nombres en su momento aparecían en la lista de los más buscados de la agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).
Los inmuebles, uno de los cuales servía como taller de carrocería y pintura —con razón social Auto Servicio Froggs’s—, se encuentran conectados entre sí y en estos momentos son resguardados por un agente de la empresa SERVISEG.
Uno de los predios se encuentra a nombre de la señora Heriberta Rubio Aguilar, quien tiene una deuda de 52 meses por el pago de 4 mil 405 pesos ante la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana.
Casas de seguridad en Villa Floresta: en total abandono
En las residencias marcadas con el 605 y 546 de la calle Jícama, fraccionamiento Villa Floresta, se encuentran dos inmuebles asegurados por la PGR en febrero y marzo del presente año. Las residencias eran utilizadas como casas de seguridad para secuestradores.
El domingo dos de marzo, se registró una balacera en la vivienda 546 la cual se prolongó por espacio de siete horas y que dejó como saldo un muerto, un militar lesionado y un presunto secuestrador detenido.
Dos días antes, el viernes 29 de febrero, elementos de la Policía Federal Preventiva habían rescatado de la calle Jícama 605 al hijo del ex líder municipal del Partido Acción Nacional, Víctor Laguna Ruiz, quien había sido secuestrado el 25 de febrero.
A más de cinco meses de los aseguramientos, las casas se encuentran abandonadas y sin ningún tipo de vigilancia especial, y de acuerdo con vecinos del lugar representan “un grave problema” para la comunidad, pues algunos vagos de la zona se meten a vandalizarlas.
Los entrevistados revelaron que el inmueble marcado con el 546 pertenece a la familia Martínez Hayes, mientras que la vivienda 605 era arrendada por un grupo inmobiliario. Antes del aseguramiento, este último inmueble había sido rentado en seis ocasiones en un lapso de doce meses.
Escuela de sicarios: Resguardada por la PFP
En la calle Reforma de la colonia Independencia se localiza una vivienda que el 19 de enero fue ubicada por policías federales.
Llamó la atención porque en un sótano escondido —la entrada se encontraba en un baño— se descubrió un campo de tiro que las autoridades presumieron era para adiestrar a sicarios.
En el interior fueron localizados miles de tiros útiles, 34 mil casquillos de grueso calibre percutidos, además de un piso subterráneo aislado con esponjas donde presumiblemente entrenaban los maleantes.
A seis meses del hallazgo, la propiedad es resguarda por dos agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y hasta el momento se desconoce la ubicación del propietario del inmueble.
Otros bienes confiscados
El 18 de septiembre de 2007, tras una persecución policiaca, agentes federales capturaron a siete presuntos integrantes del CAF que se encontraban en la casa ubicada en el 574 de la calle Grandes Lagos del fraccionamiento El Lago, delegación Cerro Colorado.
Tras la captura de estos sujetos, la casa fue asegurada por la PGR y en estos momentos se encuentra resguardada por un guardia de seguridad privada perteneciente a la empresa SERVISEG.
En la calle Otawa esquina con Avenida Las Américas, fraccionamiento El Paraíso, Delegación La Mesa, se localiza una residencia que en octubre de 1993 fue cateada por la PGR por sus nexos con el CAF.
En noviembre de ese mismo año, se reveló que el inmueble, según el Registro Público de la Propiedad, pertenecía a Mayra Pérez Corona y Esperanza Corona Pérez. Años más tarde, se estableció que las dos mujeres son familiares de Lizet Serrano Corona, esposa de Benjamín Arellano Félix.
Aun cuando funcionarios federales reconocieron que el citado inmueble se encuentra en litigio, la vivienda está abandonada y según vecinos del lugar en varias ocasiones ha sido vandalizada.
También en Mexicali
El lunes 14 de julio, autoridades policiacas de Mexicali recibieron una llamada telefónica, a través del número de emergencia 066, en donde les advertían movimientos extraños en el interior de un domicilio localizado en el fraccionamiento Hacienda del Río, a espaldas de la Plaza Nuevo Mexicali.
Minutos más tarde, un grupo de agentes arribaron al lugar marcado con el 3140 de la calle Río Americano, del citado fraccionamiento, donde detuvieron a cinco hombres y una joven mujer, quienes tenían amagado a un comerciante cachanilla que dos horas antes había sido secuestrado.
Un día más tarde, las autoridades municipales capturaron a otros tres sujetos, entre ellos un policía municipal; los aprehendidos estaban relacionados con los detenidos de la calle Río Americano.
Lo irregular de las primeras detenciones, es que el 30 de mayo de este año, la Policía Estatal Preventiva (PEP) había localizado, en la casa del fraccionamiento Hacienda del Río, 212 paquetes de mariguana y decomisaron un rifle AK-47, cartuchos y equipo para empaquetar la droga.
También fue detenida Damaris Escárrega Elizalde, de 23 años de edad, quien logró libertad al reconocer que la droga pertenecía a su esposo, el cual se había dado a la fuga.
Aun cuando la casa fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la subdelegación de la PGR en Mexicali, el Funcionario ordenó que se regresara la vivienda a la legítima propietaria, pues de acuerdo con el Delegado de la dependencia, Martín Rubio Millán, “en esos momentos” no había elementos para vincularla con actividades delictivas.
A solicitud del Agente del Ministerio Público adscrito a la subdelegación de la PGR en la capital del Estado, actualmente la vivienda se encuentra resguardada por policías municipales.
A mediados del 2007, elementos de la AFI y del Ejército aseguraron una vivienda que se localiza en la Avenida Juárez 12 del Ejido Hermosillo, en el Valle de Mexicali. En esta vivienda se detectó un sofisticado laboratorio para el cultivo y procesamiento de marihuana.
Vecinos revelaron que el propietario del inmueble fue detenido hace varios años en Estados Unidos por traficar estupefacientes, por lo que su esposa e hijas abandonaron el lugar tras la captura.
En estos momentos la casa se encuentra sin ningún tipo de vigilancia y como medida de seguridad las autoridades federales colocaron tablas en puertas y ventanas para evitar su ingreso.
El narcotúnel
El 3 de diciembre de 2007, agentes de la Patrulla Fronteriza detectaron una bodega en las inmediaciones de la garita internacional Tecate-Tecatito, que a su vez era la salida de un narcotúnel que iniciaba del lado mexicano.
Tras una inspección ocular, las autoridades estadounidenses, en coordinación con las mexicanas, identificaron que la entrada del túnel se encontraba en la calle Plutarco Elías Calles, número 261, en el centro de Tecate, lugar que aparentemente servía como bodega de artesanías.
Funcionarios de la PGR revelaron que luego de “taponear” el narcotúnel, cuya extensión era de 800 metros, se entregó el edificio a su legítimo propietario, el comerciante Flavio Aguirre, quien demostró que no estaba involucrado en actividades delictivas, pues de buena fe había rentado el inmueble.
El 15 de septiembre de 2006, autoridades de Calexico, California detuvieron a una persona que vigilaba un domicilio en donde desembocada un narcotúnel que a su vez iniciaba en la ciudad de Mexicali.
Dos días más tarde, elementos de la AFI detectaron que el túnel iniciaba en un domicilio localizado en la avenida Colón, entre las calles Nicolás Bravo y Pedro F. Ramírez, mismo que tenía una longitud de 250 metros.
Por varios meses la casa estuvo resguardada por un agente de la Policía Municipal, sin embargo luego de tapar el pasadizo, la PGR retiró la vigilancia.
En la actualidad el inmueble se encuentra abandonado.
Hacienda administra inmuebles
Martín Rubio Millán, Delegado de la PGR en Baja California, informó que cuando un bien inmueble es asegurado por alguna autoridad policiaca o militar en el marco de una investigación federal, el Agente del Ministerio Público de la Federación (AMPF)) o la propia autoridad judicial (Juez), son los que tienen la obligación de “conservar los bienes objeto, producto o instrumentos del delito” para evitar que éstos se alteren, destruyan o desaparezcan.
Explicó que aun cuando el representante legal es el que se encarga del aseguramiento y decomiso de los bienes, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la instancia que se encarga de administrarlos, en tanto no exista una resolución definitiva emitida por autoridad administrativa o judicial que establezca el destino final de los mismos.
En relación con los bienes que no son susceptibles de administración por parte de la SAE, el funcionario indicó que en estos casos el AMPF “procederá a ordenar su asignación, destrucción, enajenación, de conformidad con el ordenamiento aplicable a cada tipo de bien”.
Además dijo, el Ministerio Público está facultado para entregar los bienes a “instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que lo requieran para el desarrollo de sus actividades o bien determinar un fin específico que ofrezca la mayor utilizada para el Gobierno federal”.
Puso como ejemplo que la Delegación a su cargo pretende instalar un Centro de Atención a Víctimas del Delito en Tijuana, motivo por el cual no descartó solicitar, por esta vía, la donación de un bien inmueble asegurado —por la propia PGR— con el objetivo de operar el centro.
De los tiempos que tiene el AMPF para notificar a los dueños del bien cuando se registra un decomiso, Rubio Millán sostuvo que una vez que se decreta el aseguramiento, el representante legal tiene la obligación de entregar, en un plazo de 60 días, copia del acta que levantó en la diligencia para que el propietario manifieste lo que a su derecho convenga.
“En dicha notificación se le apercibirá al interesado o a su representante legal que no enajene o grave los bienes asegurados y que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un termino de 90 días naturales siguientes a la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal”.
En caso que los propietarios demuestren que no están involucrados en actividades delictivas, la devolución procederá siempre y cuando “se resuelva el no ejercicio de la acción penal o la reserva”.
“Cuando sea procedente la devolución de bienes asegurados éstos quedan a disposición de quien acredite tener derecho a ellos y el Ministerio Público notificará su resolución por autoridad judicial, según corresponda notificará su resolución al interesado o representante legal dentro de los 30 días siguientes, para que en plazo de tres meses a partir de la notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal”.
Cuestionado sobre los lineamientos que se aplican para vigilar los inmuebles asegurados, Rubio Millán comentó que el AMPF, así como la SAE, deben de tomar las medidas que considere necesarias, entre ellas la de solicitar el apoyo a instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o la de contratar los servicios de empresas de seguridad privada.
No obstante, expuso que por lo regular la vigilancia se solicita en inmuebles donde se siguen desarrollando investigaciones y diligencias —como en los narcotúneles que no son clausurados—, o en construcciones que aún tienen en su interior algún bien de valor para la autoridad o para el propietario del mismo.
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