En la resolución se argumenta que la acusación del gobierno de los Estados Unidos está basada en los mismos hechos delictivos por los que ya fue absuelta en tribunales mexicanos.
Con esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores enfrenta un revés legal en contra de su resolución de entregarle a la justicia estadounidense a la pareja sentimental de Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre.
El juez 13 de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, Jesús Alberto Chávez Hernández, resolvió que Beltrán Ávila, acusada en los Estados Unidos de pretender distribuir 100 kilogramos de cocaína y de ser coparticipe de otro embarque de nueve toneladas de esa droga, no puede ser juzgada en dos países distintos por un mismo delito.
Los hechos a que se refiere esa acusación ocurrieron de enero de 1999 a marzo de 2004, periodo en el que la acusada supuestamente formó parte de una organización dedicada a la adquisición y el transporte de grandes cantidades de cocaína de Colombia a Estados Unidos.
Beltrán Ávila ya había sido juzgada en México, por el aseguramiento del buque Macel, en diciembre de 2001 frente a las costas de Colima, por lo cual el juzgador impone a la Cancillería a modificar su resolución, y sostiene que está impedida de entregarla a la justicia estadounidense.
La Reina del Pacífico, quien se encuentra presa en el reclusorio federal femenil de El Rincón, Nayarit, ha logrado librar varias batallas legales, la penúltima el 3 de diciembre de 2010, cuando el titular del Juzgado 18 de Procesos Penales Federales en el Reclusorio Norte, Fernando Córdova del Valle, resolvió que las autoridades federales no aportaban "los elementos necesarios" para sostener las acusaciones por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.
Estos reveses jurídicos, echan abajo la investigación que iniciaron en el 2004, el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), ya que a La Reina sólo le falta un proceso por librar: una acusación de la PGR, cuya causa penal lleva un juez federal de Nayarit, en la cual se le acusa de lavado de dinero.
Este que es su último proceso pendiente de librar, le fue notificado el 7 de marzo del año pasado, justo tres días después de haber sido trasladada del reclusorio de Santa Martha Acatitla del Distrito Federal, al penal federal de Nayarit, a causa de un escándalo porque en este último penal, se habría permitido que le aplicaran bótox en el rostro.
Tanto la Cancillería como la Procuraduría General de la República, pueden impugnar ante un Tribunal de Circuito Penal la determinación del juez de distrito, que evita la extradición de Sandra Ávila.
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