Un juez federal sentenció a 12 años de prisión al líder de la Iglesia de la Santa Muerte, David Romo Guillén, al encontrarlo penalmente responsable de cuatro delitos electorales relacionados con la alteración del Registro Federal de Electores y la expedición ilícita de credenciales para votar.
El juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó la sentencia condenatoria, luego de que ésta fue confirmada por el Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en el DF. Y es que antes, la defensa de Romo Guillén había impugnado la pena.
El 4 de enero de este año, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo al autodenominado obispo de la Iglesia de la Santa Muerte, y a nueve presuntos integrantes de una banda de plagiarios que se hacían pasar como “Zetas”. El presunto líder, Gabriel Israel Peralta Martínez, alías “El Spiderman”, operaba desde la Penitenciaría de Santa Martha.
El titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera, dijo que los implicados participaron en el plagio de una pareja de adultos mayores que se perpetró en la delegación Magdalena Contreras, el 14 de diciembre de 2010.
Señaló que existía evidencia de la participación de Romo Guillén (quien en 1997 fue exhibido por la Arquidiócesis de México como falso sacerdote dedicado a defraudar) en el cobro de rescate del matrimonio, cuyo dinero fue transferido a una cuenta a nombre de su alias: Silverio Reyes Fremain Cortés.
El líder del Santuario Nacional del Ángel de la Santa Muerte dijo ante los medios de comunicación que fue víctima de “tortura” durante el arraigo en el que permaneció desde mediados de diciembre pasado, cuando fue capturado.
Negó su participación en el secuestro y señaló que personal de la procuraduría le aplicó descargas eléctricas en “los güevos, me hundieron la cabeza en agua y golpearon. (…) estuve incomunicado, fui como un conejillo de indias…y sufrí tortura psicológica”.
Sin embargo, el procurador capitalino comentó que Romo Guillén recibió 25 mil pesos de la banda de secuestradores por usar su cuenta bancaria.
Posteriormente, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República inició de oficio el acta circunstanciada 001/FEPADE/2011 para investigar la probable comisión de delitos electorales federales. Asimismo, el 14 de enero de 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE) presentó una denuncia por los mismos hechos.
0 comentarios:
Publicar un comentario