Retirar tropas sería un signo de debilidad: SEDENA
El general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, advirtió que sería un signo de debilidad retirar en el mediano plazo a los militares de la lucha anticrimen, pero exigió dotarlo del marco jurídico necesario sin privilegios ni espacios de impunidad.
Dijo que las Fuerzas Armadas cumplen a cabalidad los ordenamientos de organismo internacionales de defensa de los derechos humanos y que con prudencia y sensatez atienden las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en “casos aislados” de “presuntas” violaciones a las garantías individuales.
Cabe recordar que este fin de semana el Ejército inició el procedimientos contra miembros de las Fuerzas Armadas implicadas en la muerte de civiles.
“No es nuestras intención buscar ni tampoco encarnar actitudes protagónicas, mucho menos de injerencia en la esfera de lo civil”, dijo el general ante el presidente Felipe Calderón en la ceremonia de clausura e inicio de cursos de colegios militares.
Según Galván Galván, “los resultados de nuestros análisis estratégicos nos persuaden de que en el mediano plazo es inviable un retiro de tropas. Incluso estimamos que sería contraproducente un repliegue o una disminución gradual de los efectivos participantes, Sería ceder tiempo y espacio vitales al crimen organizado y que éste, que confronta y amenaza a la estabilidad de las instituciones lo interprete como signo de debilidad el Estado”.
Y añadió: “Pero más riesgoso aún es que la sociedad quede en un completo estado de indefensión. Trabajamos para lograr que el fenómeno delictivo se acople al ámbito de la seguridad pública una vez que los cuerpos policiacos concluyan su depuración, adiestramiento y reorganización y la orden del mando supremo las tropas regresarán a sus cuarteles”.
El secretario de la Defensa volvió a insistir ante Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, y de Francisco Javier Salazar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, la urgencia de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico, pero aclaró que no piden privilegios especiales ni espacios de impunidad.
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