El alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal Bretón, justificó la falla en los sistemas de control de confianza que permitieron que el director de Alcoholes, Rogelio González Heredia, fuera elegido para su cargo público y que finalmente -al cabo de poco más de dos meses- fuera detenido por su presunta relación con el crimen organizado.
Larrazábal Bretón explicó que la detención de su ahora ex director de Alcoholes demuestra que nadie está exento de ser investigado.
“Es un ejemplo más de cómo ningún funcionario está exento a ser investigado, y sea cual sea el nivel del funcionario de este Gobierno que sea señalado, sea investigado o se evidencie en actos de corrupción, el municipio va a colaborar en esas investigaciones, sea el rango o el nivel que sea”, sentenció.
Justificó la falla en las pruebas de control de confianza argumentando que cuando se aplicaron, el aspirante a funcionario era otra persona.
“Bueno, la realidad de las cosas es que en el momento en el que uno toma la decisión de nombrar a un funcionario, pues los antecedentes con los que cuentas son los antecedentes antes de la designación, por así llamarlo, y repito, este cargo y algunos otros del Gobierno Municipal, son susceptibles y son muy vulnerables a actos de corrupción”.
El edil de Monterrey felicitó a las autoridades federales por los operativos que realizan en la ciudad con el apoyo operativo de la Secretaría de Marina y refrendó su apoyo para las investigaciones en el caso.
“Yo reconozco y felicito al Gobierno Federal por llevar este operativo, estas investigaciones, y vamos a coadyuvar en éstas y en todas las investigaciones que se lleven a cabo al interior del Gobierno Municipal, para poder detectar cualquier acto de corrupción”, dijo.
Fernando Larrázabal resaltó que existen más áreas vulnerables a estos efectos de corrupción en la estructura municipal y agregó que se aplicarán medidas y reestructuración total en cada una de ellas para evitar todo tipo de ilícitos.
Rogelio González Heredia fue detenido poco después del mediodía del 11 de marzo en la parte exterior del estacionamiento hundido del Palacio Municipal durante un operativo discreto de la Secretaría de Marina.
Aquel día se encontraba en compañía de otras cuatro personas, entre las cuales se encontraban dos custodios –asignados al director- y dos empleados más de la Dirección de Alcoholes.
Desprendido del operativo, los militares aseguraron dos automóviles y diversos aparatos utilizados presuntamente para espionaje, aunque esto no fue detallado.
El alcalde de la capital del estado mencionó que ya se inició el procedimiento legal de los dos automóviles blindados que forman parte del patrimonio municipal, ya que éstos fueron asignados para garantizar la seguridad y el desempeño del director de Alcoholes.
Según el munícipe, durante los poco más de dos meses que González Heredia ocupó el cargo de director de Alcoholes no se recibieron denuncias en su contra.
“Es labor de gobernantes supervisar a funcionarios”
Tras la detención del director de Alcoholes de Monterrey por su liga con el crimen organizado, el secretario general de Gobierno, Javier Treviño Cantú, declaró que aunque sólo a policías o servidores públicos ligados a la seguridad se les aplican exámenes de control y confianza, es necesario que los gobernantes supervisen que todo tipo de funcionarios cumplan con sus labores de forma adecuada.
El funcionario estatal comentó que en el caso de Rogelio González Heredia, titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia de Monterrey, detenido el miércoles, es una investigación que están llevando a cabo las autoridades federales, y que luego de su detención por parte de la Secretaría de la Marina, ahora está a disposición de la SIEDO.
“Yo creo que la función principal de los gobernantes es justamente supervisar la tarea de Gobierno y de los funcionarios públicos para asegurarnos en todo momento que estén cumpliendo con su función adecuadamente y que estén cumpliendo con la ley, y como se ha mencionado en otras ocasiones, nadie está exento de investigaciones.
“Es importante que todos los funcionarios públicos acaten puntualmente las disposiciones legales en su trabajo y sobre todo que asuman su responsabilidad”, dijo.
El viernes a través de un boletín liberado por la Secretaría de Marina, se estableció que además de una liga con un grupo delictivo quedó al descubierto también una red de espionaje que afectaría a funcionarios públicos, empresarios y jefes policiacos de Nuevo León y Chiapas.
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