Acusan ante Derechos Humanos 37 ataques militares
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió en los últimos dos años 37 quejas en contra del Ejército por la muerte de civiles durante operativos antinarco, de acuerdo con datos proporcionados por el organismo.
Además, la CNDH obtuvo dos denuncias en contra de la Secretaría de Marina (Semar) por el homicidio de dos ciudadanos en sus acciones en contra del Cártel de los Beltrán Leyva, en Cuernavaca.
Edgardo Buscaglia, experto en delincuencia organizada, afirmó que la estrategia contra las drogas no está enfocada en proteger a la ciudadanía sino en capturar a narcotraficantes.
"El enfoque del Presidente Uribe en Colombia y en Estados Unidos con el Presidente Obama ha sido la de proteger a la ciudadanía, no la de capturar a Beltrán Leyva o al 'Chapito' Guzmán, o a algún mafiosito como en México.
"No se persigue a los delincuentes a toda costa, se les persigue enmarcados en la protección de los derechos humanos de los ciudadanos", aseguró.
El académico del ITAM alertó que las muertes de civiles generan que la ciudadanía deje de apoyar a las autoridades. "Mientras la ciudadanía no colabore, como no está colaborando en México, en la prevención y brindando información operativa a las fuerzas de seguridad no va a haber ningún progreso.
"No hay caso en la historia de ningún país que se haya logrado la lucha contra grupos criminales sin la cooperación operativa de la ciudadanía", advirtió.
De acuerdo con un conteo de REFORMA, tan sólo en 2009 se registraron 16 bajas de civiles en operativos anticrimen.
Entre los últimos fallecimientos se encuentran los de Elizabeth Medrano y Jorge Daniel Sánchez, ambos menores de edad.
Elizabeth, de 17 meses, viajaba la noche del 27 de diciembre con sus padres en un microbús, en Reynosa, cuando una bala perforó su estómago.
Los disparos de efectivos del Ejército alcanzaron la unidad aunque éstos iban contra una camioneta sospechosa que perseguían.
Jorge Daniel, de 11 años, murió en el fuego cruzado de una balacera entre sicarios de "La Familia" y soldados, el 13 de diciembre en Zitácuaro, Michoacán.
José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, atribuyó las bajas a la falta de preparación en seguridad pública de las Fuerzas Armadas.
"Desafortunadamente como Marina o como militares su formación no tiene que ver con temas de seguridad pública en donde la prioridad es salvaguardar las vidas", puntualizó.
La Secretaría de Marina (Semar) sumó dos casos de civiles caídos en sus recientes operaciones contra el Cártel de los Beltrán Leyva.
La madrugada del 11 de diciembre, Patricia Terroba Pintado salía de su casa para visitar a su mamá que estaba enferma cuando marinos dispararon en su contra.
La mujer vivía en el Fraccionamiento Limoneros, en Tepoztlán, donde integrantes del cártel sinaloense celebraban una posada, que fue irrumpida por la Armada.
Una semana después, Ignacio Aguilar Rodríguez, un comerciante de tortillas de 37 años, fue baleado por efectivos militares, en el operativo donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva.
Raúl Benítez, investigador de la UNAM, sostuvo que las muertes de civiles son un problema grave pero que aún no está fuera de control.
"Hasta este momento los daños a la población civil no combatiente en las ciudades con alta incidencia del narcotráfico todavía son bajos, los que mueren todavía son narcos o funcionarios".
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