Como resultado de los trabajos del Congreso Nacional "Ciudadanía y Medios: Acción Conjunta", autoridades estatales, federales, organizaciones civiles y medios de comunicación signaron la carta compromiso denominada "Boca del Río", mediante la cual se busca cerrarle espacios a la delincuencia organizada.
Impulsada por la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, la carta incluye 20 compromisos para impulsar la legalidad entre la sociedad, frenar la narco cultura y el enaltecimiento o admiración de los delincuentes y fomentar una nueva cultura de valores ciudadanos.
Al concluir los trabajos de dicho congreso, se presentó la carta "Boca del Río" que además pretende proteger a periodistas y a sus familias, así como señalar las deficiencias de la autoridad en combatir al crimen organizado.
El primer punto establece que los firmantes habrán de solidarizarse con todos aquellos miembros de los medios de comunicación amenazados por la delincuencia organizada; el segundo es manejar en forma responsable y respeto a la victimas de cualquier delito.
El tercer punto establece la obligación de otorgar cobertura adecuada de los ogros que la autoridad realice contra la delincuencia organizada; el cuarto compromiso es invitar a difundir las campañas de la asociación nacional de forma conjunta.
En quinta posición, los participantes acordaron manejar profesionalmente la información relativa a la delincuencia organizada; y como sexta posición el buscar o gestionar espacios mensuales importantes en medios escritos o electrónicos para dar a conocer los avances que la asociación certifique de las autoridades.
El séptimo punto es abrir los medios a las exigencias que la sociedad civil detecte como actos no cumplidos por la autoridad de acuerdo a los mismos resultados que la asociación de a conocer.
El octavo compromiso es reunirse periódicamente para analizar la percepción de la ciudadanía respecto a la lucha nacional contra la delincuencia y vigilar la marcha de la reforma penal; así como (punto 9) atender a los miembros de los medios de comunicación y a sus familias que son victimas de la delincuencia en centros especializados en atención a victimas.
El compromiso décimo establece reprobar los actos delincuenciales de tal manera que el auditorio tome conciencia del daño de las conductas antisociales, buscando la empatía de la ciudadanía con las víctimas del delito.
Los asistentes y participantes se comprometieron además (punto 11) a condenar la narco cultura o el enaltecimiento o admiración de los delincuentes, buscando propiciar en la infancia y la juventud la generación de un proyecto de vida legal y socialmente aceptado informando las consecuencias negativas de los delitos y uso de drogas.
Así como también (12) generar una cultura ciudadana de denuncia y cero tolerancia a la comisión de todo tipo de delitos y conductas antisociales; aunado a no otorgar (punto 13) espacios a los mensajes de los grupos delictivos ni a sus representantes.
El compromiso 14 establecer proteger la intimidad de las víctimas del delitos al no publicar datos particulares o lugares donde serán atendidos; así como (15) informar y condenar la mentira y corrupción de las autoridades encargadas de seguridad pública y procuración de justicia cuando sea probado en hechos y no en dichos.
El punto 16 señala la obligación de crear una nueva cultura de valores ciudadanos fomentando la honestidad, rehabilitación, honor y justicia; y el compromiso 17 pide reivindicar el derecho irrestricto de los periodistas y los medios noticiosos a un entorno seguro y digno.
Los últimos tres compromisos buscan propiciar que medios y periodistas se constituyan en promotores de la legalidad, el respeto, la protección de datos personales y la dignidad y otro conjunto de derechos ciudadanos en noticias sobre seguridad pública.
Además de los estándares éticos para políticas agendas y editoriales en el tratamiento de la violencia y el delito haciendo prevalecer la legalidad; y finalmente la independencia y autonomía de los medios respecto a las fuentes y los poderes.
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