La Procuraduría General de la República informa que después de valorar los elementos jurídicos aportados por el Fiscal de la Federación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), el Juez Segundo de Distrito en Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, resolvió dictar auto de formal prisión contra Rigoberto Rodríguez Rangel y/o Nelson Garza Lozano (a) "El Luchador" y/o "El Lucha", Luciano Ponce Yánez, Jorge Alberto Rodríguez Perales (a) "La Roca" y/o "El Calaca" y Juan José López Ávalos.
Los ahora enjuiciados son señalados por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en las modalidades de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar la ejecución de delitos de esa naturaleza y posesión de clorhidrato de cocaína con fines de comercio, así como portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea.
Los cuatro procesados, quienes presuntamente colaboraban con la organización delictiva denominada "Cártel del Golfo", fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano el pasado 20 de mayo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Cabe destacar que Rigoberto Rodríguez Rangel es considerado uno de los brazos operadores del "Cartel del Golfo", para comercializar y distribuir la cocaína, y quien presuntamente está a cargo de la plaza de Ciudad Victoria, mismo que se hacía custodiar y acompañar por los entonces elementos policíacos Luciano Ponce Yáñez, Jorge Alberto Rodríguez Perales y Juan José López Ávalos, quienes al utilizar sus cargos, se dedicaban a brindar protección y seguridad a la citada organización delictiva.
Al momento de su aseguramiento se encontraban en posesión de diversas armas de fuego, largas y cortas, de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, con sus respectivos cargadores abastecidos con cartuchos útiles, cocaína, vehículos y aparatos de telefonía.
Con este auto de formal prisión, la Procuraduría General de la República refrenda su obligación constitucional de aportar todos los elementos jurídicos necesarios ante jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, para iniciar los procesos correspondientes y mantener un combate frontal en contra de todas las modalidades del crimen organizado.
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