
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados consideró que en México al menos uno de cada 10 ejecutados es policía, por lo que han muerto en estas circunstancias 108 agentes de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), además de 12 elementos del Ejército Mexicano.
Con base en sus números y datos, el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional difundió que en lo que va de la administración del Presidente Felipe Calderón han fallecido más de 3,600 personas por crímenes atribuidos a la delincuencia organizada y que en este año ha habido un promedio de 8 muertos diarios, es decir, un cadáver cada 3 horas.
A través del diputado Jesús Ramírez Stabros, el Revolucionario Institucional en el recinto legislativo de San Lázaro detalló que la ola de ejecuciones de la última semana enciende la luz roja, ya que se alcanzó la cifra de 108; 74 de ellas en Sinaloa, Guerrero y Chihuahua.
El representante detalló que entidades que antiguamente estaban totalmente seguras, como Aguascalientes y San Luis Potosí, ya expresan denuncias públicas de presencia de los temidos "Zetas", sicarios de los narcotraficantes, lo que ha llevado a varios investigadores a alertar sobre el mal llamado fenómeno de la colombianización.
Detalló que muchas poblaciones se han dado a la tarea de adquirir, legal o ilegalmente, armas de fuego, para defenderse del incremento de la violencia, lo que también refleja una mayor pérdida de confianza en las instituciones públicas para resolver la problemática.
Aseveró que ante la ola de violencia que vive el país, es necesario que el Ejecutivo Federal, por conducto de las instituciones que conforman el gabinete de seguridad pública, evalúen la estrategia seguida y tomen las decisiones necesarias para reducirla de forma urgente.
Precisó que son varios los frentes que obligan a repensar la estrategia seguida en el combate a la violencia, ya que pasa desde las acciones que se han tomado en el sistema carcelario, la necesidad de diagnosticar la situación real de las policías y de los ministerios públicos.
Refirió que entre los puntos pendientes se encuentra la falta de información para operar el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública que, a pesar de estar contemplado en la ley, se encuentra inmóvil.
Abundó que "sólo dos estados del país han proporcionado datos que impidan que los policías suspendidos por corrupción puedan ser contratados en otras entidades o reciban un seguimiento puntual que detecte cuando son reclutados al servicio de las redes del crimen".
Respaldó al Ejército Mexicano y a los cuerpos de seguridad que actúan con patriotismo y compromiso para devolverle al país condiciones de tranquilidad, que alejen la amenaza y el miedo que se está volviendo habitual en muchos lugares.
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