La Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación acerca de las armas y otros objetos prohibidos que fueron decomisados por Ejército mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal dentro del Reclusorio Preventivo Metropolitano, del complejo penitenciario de Puente Grande, la noche del jueves.
La dependencia federal investiga a Miguel Ángel Zazueta Ontiveros, hijo del desaparecido narcotraficante Manuel Salcido Zazueta, el Cochiloco, y de María de Jesús Enrique Regin, ambos presuntos propietarios de las armas aseguradas dentro del penal, así como de algunas de las computadoras y los teléfonos celulares decomisados.
Mientras tanto, ni el director del reclusorio, Héctor Medina Covarrubias, ni el jefe interno de seguridad, quienes se esfumaron después del operativo del jueves, se han reportado ante las autoridades.
Por los hechos, la dependencia federal abrió el expediente AP/PGR/JAL/GDL/AG3M1/3361/2010 para atraer el caso, como estaba previsto (Público, 8 de mayo de 2010), dirigida contra quienes resulten responsables tras el operativo por la comisión de los delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y los que resulten.
El jueves 5 de mayo, los soldados y los policías estatales ingresaron al penal tras una serie de denuncias efectuadas ante las Fuerzas Armadas. Allí localizaron y aseguraron: dos armas largas, dos pistolas cortas, más de 700 cartuchos y cargadores de diferentes calibres, así como más de un kilogramo y medio de cocaína, celulares, puntas metálicas, computadoras, básculas grameras y grabadoras.
Todos los objetos asegurados quedaron a disposición del fiscal federal, quien inicio la averiguación previa referida y en las próximas horas resolverá la situación jurídica de los indiciados, además de continuar con las investigaciones para fincar responsabilidades contra quienes resulten responsables.
Las investigaciones indican que Zazueta Ontiveros ejercía una especie de “gobierno” dentro del penal y que, de hecho, controlaba un sector de la prisión. Según algunas versiones, todo habría sido conseguido con la complacencia de los responsables del lugar.
No obstante, el secretario de Seguridad estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, sí advirtió que los reportes de seguridad de las autoridades del reclusorio nunca señalaron de la presencia de armas u objetos prohibidos. El funcionario advirtió que tal estado de cosas propicia incluso el peligro de un motín. De allí la importancia de que se reporten el director del centro penitenciario y su jefe de seguridad, pero, hasta ayer, seguían sin presentarse a trabajar.
De acuerdo con Luis Carlos Nájera, las autoridades darán todos los datos necesarios para que se eviten actos vandálicos dentro del reclusorio.
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